Romanones era un aficionado
Ocho millones de ahorradores han recuperado su libertad total con la supresión del peaje fiscal por el cambio de fondo. Santiago Satrústegui ironiza sobre la puesta en práctica de la reforma
El día 13 de abril del año pasado, Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, anunció que la reforma de la Ley del IRPF, que entraría en vigor el 1 de enero de 2003, incluiría la supresión de la tributación en los cambios de un fondo de inversión a otro. La eliminación del peaje fiscal daba respuesta a una de las recomendaciones de la comisión Lagares y debería beneficiar, más o menos, a unos ocho millones de partícipes que, libres de la cautividad fiscal, buscarían a los mejores proveedores. Las gestoras de fondos de inversión, deseosas de competir por fin en un mercado liberalizado, optimizarían su oferta, ajustarían sus precios y realizarían importantes inversiones en formación de sus redes comerciales, en la idea de que el servicio y la atención al cliente serían la clave de la fidelización del mismo a partir de ese momento.
La propuesta, después de ser acogida con división de opiniones, aunque, eso sí, con predominio de las palmas, suscitó una rica secuela de matizaciones, donde los financieros más prudentes advertían que el inversor español podría todavía no estar preparado para disfrutar de una libertad tan plena, existiendo incluso quien recomendaba que la capacidad de moverse se circunscribiera sólo a fondos de la misma gestora. Es cierto que el fair play quedó a salvo porque nadie dijo claramente cuál debía ser esa gestora tan favorecida.
Afortunadamente, tras un corto periodo de escepticismo metódico, mezclado con ráfagas de mucha ilusión, quedó bastante claro que se iniciaba efectivamente el camino hacia la libertad total. No se esperaban grandes campañas, pero parecía que las gestoras extranjeras con fondos registrados en España aportarían el revulsivo necesario para que prendiera la mecha que iniciaría la modernización del mercado.
El proceso a partir de entonces no fue sencillo, las gestoras extranjeras tuvieron que remar tanto para meterse en la competición que han llegado a la línea de salida extenuadas. Resolver los problemas operativos era otro gran desafío y la complejidad de la tarea recomendó el establecimiento de un periodo transitorio de tres meses, aunque el compromiso de entrada en vigor el 1 de enero seguía siendo sagrado tanto para el sector como para la Administración.
El pasado 30 de diciembre la publicación en el BOE de la ley del IRPF que incluía la medida convirtió la promesa en realidad y con la publicación del reglamento el 12 de enero se cerraban los últimos flecos repescando a algunas Sicav. Ocho millones de ahorradores recuperaban su libertad.
En teoría aquí habría terminado una historia con final feliz, pero desgraciadamente empiezan a aparecer algunos partícipes, desaprensivos, especuladores, o simplemente mal informados, que pretenden ejercitar su legítimo derecho a traspasar sus fondos de inversión, en algunos casos incluso quieren hacerlo de una gestora a otra, sin darse cuenta de que en pleno siglo XXI, algunos son capaces de reinventar -mejorándola- la máxima del conde de Romanones y dejar que los diputados hagan las leyes y el gobierno los reglamentos, porque después ya se ocuparán ellos de interpretarlos como les parezca.
Nota: si el lector piensa que la historia es exagerada o simplemente no le encuentra la gracia, le recomiendo que el próximo lunes intente, si se encuentra con humor, iniciar el traspaso de alguno de sus fondos de inversión.