Control fiscal de las regiones
El año que ha terminado hace escasamente dos semanas estaba destinado a ser el de la consolidación del déficit cero para España (2001 registró un testimonial déficit de 0,12% del PIB), pese a que la desaceleración económica no dejaba de poner piedras en el camino con tajos considerables a los ingresos tributarios. Sin embargo, sólo unos días antes de terminar el ejercicio y contradiciendo la doctrina difundida todo el año, el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, admitió que en 2002 no habrá equilibrio presupuestario por dos motivos: contracción en el comportamiento de los ingresos tributarios a pesar del crecimiento del empleo y falta de rigor en las finanzas de las comunidades autónomas.
Esta falta de rigor ya es endémica. Este ha sido el tercer ejercicio en el que las comunidades autónomas no han sido capaces de cuadrar las cuentas públicas según el compromiso adquirido ante el Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ante sus parlamentos respectivos. Para frenar este descontrol fiscal que termina descosiendo las previsiones del Gobierno, el Ejecutivo creó la armadura de la Ley de Estabilidad Financiera, que obliga a las comunidades y ayuntamientos a determinadas servidumbres presupuestarias, que pasan, fundamentalmente, por el equilibrio: no gastar nunca más de lo que se ingresa. Así, deben comunicar el estado de sus cuentas regularmente para que Hacienda envíe una fotografía financiera a examen a Eurostat y proporcionar también el estado de su deuda cada tres meses al Banco de España.
Para tener una información más veraz e inmediata, el Gobierno creará, a través del Reglamento de la Ley de Estabilidad, un registro con todas las operaciones que realice cada comunidad autónoma, gran ayuntamiento o empresa pública de ellos dependiente, con especial atención a las operaciones que generen endeudamiento. Con este instrumento en manos de la Intervención General y del Banco de España, se pretende, además de someter a control inmediato cada movimiento, exigir correcciones en las desviaciones que se vayan produciendo.
Esta nueva obligación, una especie de corsé para garantizar el déficit cero, parece un elemento casi obligado para poder preservar la columna vertebral del equilibrio presupuestario que, de manera compartida, gestionan Bruselas, los Estados, sus regiones y sus ayuntamientos. Mal puede cuadrarse la exigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que hoy impide déficit públicos superiores al 3% del PIB, pero que en 2006 exigirá equilibrio para todos los miembros de la Unión Monetaria Europea, sin atar corto el comportamiento financiero de los agentes que gobiernan más de la mitad del gasto público, como es el caso de comunidades y ayuntamientos en España. Cierto es que este eurocompromiso maniata las posibilidades políticas de los Gobiernos regionales o locales, pero se antoja necesario si no se quiere expulsar, en la práctica, a un país de la estabilidad que proporciona el rigor financiero.