Las principales telefónicas reclaman a Aló más de 23 millones en deudas
La crisis de las telecomunicaciones empieza a mostrar una doble vertiente en sus efectos sobre las operadoras; no sólo exige una lucha contra los propios problemas económicos, sino también contra los ajenos, que pueden acabar afectando a buena parte del sector. Este es el caso de la suspensión de pagos de la matriz de Aló, Redes y Servicios Liberalizados (RSL), que cuenta con las principales operadoras españolas entre los 972 acreedores.
Retevisión, Telefónica, Unisource, Teleglobe, Uni2, Jazztel y BT reclaman 23,15 millones de euros a la telefónica dirigida por Alejandro Rivas Micoud, según consta en el auto de la suspensión de pagos del pasado 21 de agosto o según las cifras actualizadas por las compañías.
El principal acreedor es Retevisión, con un saldo de 9,85 millones, seguido de Telefónica, con 7,5 millones. Las cifras del resto son inferiores y van desde los 2 millones que se adeudan a Jazztel a los 274.585 euros de BT.
También existen fabricantes y proveedores de equipos en la lista, como es el caso de Siemens y Ericsson, con saldos de 9,33 y 2,34 millones, respectivamente. Entre los acreedores destaca Renfe que, con sus 8,1 millones, es uno de los tres interventores de la suspensión. En total, los acreedores suman un pasivo de 68 millones, una cifra que Aló eleva a 77,2 millones.
Rivas Micoud justifica la elevada presencia de operadoras atrapadas en la suspensión en que parte de esta deuda está heredada de la crisis de la anterior matriz, la estadounidense RSLCom, y que, de hecho, ellos han conseguido reducirla a la mitad. También añade que estas cifras deben ser depuradas, ya que alguna de las telefónicas debe dinero a Aló, con lo que el saldo neto se reduciría.
Ofertas de repago
El consejero delegado de Aló asegura que las negociaciones con los acreedores marchan a buen ritmo y que la suspensión de pagos podría levantarse en tres meses. También afirma que ha puesto sobre la mesa un convenio con varias soluciones para el repago de la deuda y que una de ellas no contempla quitas ni carencias. Rivas Micoud, sin embargo, rehusó explicar de dónde sacarán los fondos para pagar, aunque resaltó la trayectoria de la empresa en los últimos meses.
La historia de la recién bautizada RSL constituye uno de los ejemplos de la crisis que azota al sector. Filial en principio de una compañía estadounidense, se independizó de su matriz cuando ésta suspendió pagos.
En 2000 cambió su nombre por el de Aló, una denominación que volvió a modificar el pasado abril, a pocos meses de su propia suspensión. RSL es ahora la matriz de Aló, que mantiene el negocio minorista. La compañía asegura que estas variaciones forman parte de una reestructuración empresarial. Otras fuentes apuntan que la razón es proteger el nombre de Aló.
A la espera de que la suspensión de pagos se resuelva, fuentes de los afectados critican la lentitud de los cauces regulatorios llamados a evitar si no estas situaciones, sí que la cuantía de la deuda aumente. Por su volumen, la suspensión de pagos de Aló es la tercera importante que se produce en España con consecuencias para el resto de las telefónicas, como también lo fueron las de American Telecom y Vic Telehome. En el caso de American Telecom fue la demora de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en autorizar a Telefónica el corte de la de interconexión la que elevó la deuda. Y lo mismo ha sucedido con Aló. Telefónica mantiene con esta compañía desde hace tiempo un pulso en el regulador, que detectó y reconoció tanto la existencia de deuda como la sospecha de que podía aumentar.
Pero este reconocimiento llegó cuando la deuda ya había crecido y la suspensión de pagos era un hecho, de forma que Telefónica está obligada a seguir dando servicio de interconexión a Aló a pesar de que los impagos ascienden a 7,5 millones.