Bruselas investigará las ayudas de París a France Télécom
La Comisión Europea mostró ayer su intención de abrir una investigación formal sobre las ayudas públicas que el Gobierno francés otorgó el pasado mes de diciembre a France Télécom. Bruselas desea conocer con más detalle las características de la línea de crédito de hasta 9.000 millones de euros que París ofreció a la endeudada operadora dominante francesa. La apertura de un expediente permitirá además recabar la opinión de otros operadores sobre el carácter de esta posible ayuda de Estado cuya legalidad deberá certificar la Comisión.
'Se trata de un caso muy importante', señaló ayer en rueda de prensa un portavoz oficial del departamento comunitario de Competencia, 'y creo que todo el mundo entenderá que las terceras partes deben también tener la oportunidad de expresar su punto de vista'.
El Gobierno francés, que continúa siendo el accionista mayoritario de France Télécom con un 55% de participación, anunció a finales de 2002 su plan financiero para ayudar a la compañía a reducir una deuda de 70.000 millones.
París sostiene que no se trata de una ayuda de Estado y, de hecho, ni siquiera ha notificado oficialmente el plan a Bruselas, aunque sí ha remitido información y ha mantenido contactos con el departamento del comisario de Competencia, Mario Monti.
La Comisión tiene potestad para iniciar de oficio una investigación, en cuyo caso el expediente puede prolongarse sin plazo de conclusión. Si Francia opta finalmente por notificar el crédito, Bruselas dispondrá entonces de dos meses para decidir si constituye ayuda de Estado y, de ser así, si procede iniciar una investigación en profundidad.
Difícil evaluación
Bruselas reconoce que la fórmula utilizada por el Gobierno francés (inyección de capital a través de una sociedad interpuesta) resulta difícil de evaluar, aunque recuerda que la mera presencia de avales públicos puede constituir ayuda de Estado.
El pasado 5 de diciembre, Francia ya intentó en vano que los ministros de Telecomunicaciones de la UE respaldasen una política de apoyo a las grandes operadoras para ayudarlas a superar la debacle bursátil y el lastre de 110.000 millones de euros de inversión en obtener las licencias para ofrecer servicios de telefonía móvil de tercera generación. Los ministros ofrecieron flexibilidad en las condiciones de adjudicación de esas licencias, pero descartaron la inyección de capital público en los antiguos monopolios.