Las empresas cotizadas deberán informar anualmente de su 'buen gobierno'
El Gobierno obligará a las empresas cotizadas en Bolsa a informar anualmente del desarrollo de las prácticas de buen gobierno corporativo, bien en la memoria anual o bien mediante otro informe, ha anunciado hoy el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, en la presentación del informe de la Comisión Aldama.
Entre estas prácticas de transparencia corporativa, se propone que la remuneración percibida por cada consejero debería recogerse en la memoria anual de las empresas y que debería desglosar todos los conceptos, incluyendo la entrega de acciones y opciones sobre acciones, que requerirían aprobación por parte de la junta general.
En cuanto a la composición del consejo, la Comisión Aldama recomienda una "mayoría amplia" de consejeros externos y dentro de éstos, una participación "muy significativa" de consejeros independientes, teniendo en cuenta la estructura accionarial de la sociedad y el capital representado en el consejo.
Rato dijo que ahora el Ejecutivo estudiará las conclusiones del informe y "en las próximas semanas surgirán propuestas" para elevar a rango de norma algunas de las recomendaciones, como ya se hizo con las recomendaciones hechas por la Comisión Olivencia en 1997. Explicó que la posición del Gobierno es que cada sociedad cotizada se pueda organizar como quiera, es decir mediante autorregulación, pero siempre que se busque "la protección y transparencia, para que los inversores conozcan las prácticas de buen gobierno".
Información y transparencia
El encargado de presentar el informe fue el presidente de la Comisión y miembro de patronal CEOE, Enrique Aldama, que pidió que deberían incluirse en normas coactivas los deberes básicos de información y transparencia, la definición y régimen de los deberes de lealtad y diligencia de los administradores y la obligación de dotarse de un conjunto de disposiciones en materia de gobierno corporativo, que comprendan los reglamentos del consejo y de la junta.
Señaló que el principio de transparencia y del deber de informar ha sido considerado por la Comisión como fundamental, y agregó que las obligaciones de transparencia debe ser una pieza complementaria de la autorregulación.
Aldama indicó que la Comisión considera que la transmisión de información al mercado sobre sus prácticas de gobierno corporativo no puede ser voluntaria, y que las sociedades deben estar obligadas a transmitir al mercado la información sobre las prácticas que adopten y cuál es el grado de observancia de las recomendaciones.
El informe también hace referencia a los órganos de gobierno de las sociedades, y recomienda la elaboración de un reglamento de funcionamiento de la junta general de accionistas, así como que sean autorizadas por ésta las medidas de blindaje.
En cuanto al número de miembros del consejo de administración, la Comisión dice que debe ser "razonable", y propone enfatizar la distinción entre consejeros internos y externos, dentro de los cuales existirían las categorías de dominicales y los independientes.
CCOO coincide con la Comisión Aldama
El sindicato CC.OO. coincidió hoy con la Comisión Aldama en reclamar a las empresas que informen "con detalle" de la remuneraciones individuales que perciben sus administradores en los informes financieros.
Según el sindicato, la determinación de dichas retribuciones debe constituir además un punto explícito a tratar dentro del orden del día de las juntas de accionistas. CC.OO. defiende además el derecho de los accionistas minoritarios, que reúnan, al menos, un 5% del capital, a solicitar investigaciones especiales a un tribunal o a la autoridad administrativa apropiada.
El sindicato entiende que esta medida debería establecerse en una norma de ámbito europeo, aunque el desarrollo del procedimiento y la determinación de las sanciones sería competencia de cada Estado.