El PSOE propone códigos de conducta obligatorios para las empresas cotizadas
El PSOE considera que se ha hecho necesario analizar de manera sistemática la responsabilidad social de las empresas. Es esta idea la que les ha impulsado, según Ramón Jáuregui, portavoz de política social y empleo del PSOE, a presentar una proposición de ley que establece un marco jurídico mínimo sobre la responsabilidad social de la empresa.
El texto presentado por el PSOE aboga por la adopción libre de códigos de conducta por parte de las empresas, excepto para las que acudan a la financiación de los mercados financieros organizados o a ofertas públicas de venta, en cuyo caso será obligatorio. Este tipo de empresas deberá contar obligatoriamente con un balance social que recoja los resultados analíticos sistemáticos y la evaluación de los aspectos que integran la responsabilidad social de la empresa.
El Grupo Socialista considera que los poderes públicos deben impulsar el establecimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social de las empresas, 'definiendo un entorno uniforme al desarrollo de prácticas socialmente responsables'. Jáuregui asegura que, frente a la opinión del PP, el PSOE considera positiva la elaboración de una ley que regule la responsabilidad social.
La propuesta del PSOE también contempla la exigencia de una auditoría externa realizada por una entidad oficialmente acreditada, para los procesos de financiación o adjudicación.
Jáuregui aclara que las empresas encargadas de realizar esta certificación serán auditoras. Eso sí, el PSOE pretende que el Gobierno establezca una serie de requisitos de modo que exista una homologación respecto a los parámetros que utilizan en su certificación.
Otra de las consideraciones que incluye la proposición de ley que el PSOE aún no ha sometido a votación dentro del Congreso de los Diputados es que el balance social de las empresas, o en su caso grupos de empresas, deberá incluirse y hacerse público con las memorias anuales de su actuación en el ejercicio fiscal en el que presente las cuentas anuales, con el mismo tratamiento de transparencia y difusión que la contabilidad ordinaria y los resultados económicos de ese ejercicio.
La proposición de ley presentada por el Grupo Socialista incluye una serie de ventajas para las empresas que dispongan de una certificación externa de su responsabilidad social. Entre ellas, el derecho a utilizar públicamente el distintivo de responsable socialmente en la empresa, la inversión o el producto, con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la certificación en cada caso.
También tendrán derecho al retorno hasta del 80% del importe por las primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en el ejercicio correspondiente a la obtención de la certificación si en el ejercicio fiscal siguiente mantiene la certificación. Además, podrán acceder a un tratamiento fiscal favorable.
El documento presentado por el PSOE considera que la responsabilidad social corporativa representa un compromiso de conducta voluntaria más allá de la responsabilidad económica inmediata, 'pero puede tener un valor económico directo y por ello debe considerarse más una inversión que un gasto'.