Desempleo y conflicto social
El Gobierno sorprendió la víspera del día de Reyes, domingo, con la publicación de los datos de paro registrado en 2002, el peor balance desde que en 1996 el Partido Popular lograra el poder en las urnas. El ejercicio se cierra con un aumento de 113.224 personas desempleadas, lo que sitúa en casi un 1,7 millones el total de parados, un 9,14% de la población activa.
Lo peor de la cifra no es el reflejo de un año en el que la tasa de paro ha crecido un 7,19%, sino la confirmación del cambio de una tendencia positiva en la lucha contra el desempleo mantenida durante siete años. Si 2001 se cerró con un aumento de 18.462 personas registradas como demandantes de empleo, el pasado año esa mala situación se vio multiplicada por seis. El dato resume bien a las claras el deterioro de una economía española en la que la debilidad del crecimiento se ha visto propiciada por la falta de pulso de las exportaciones y los procesos de ajuste de algunos sectores básicos como las telecomunicaciones, el automóvil, los mercados financieros y la nueva economía.
Falta por saber si en 2003, como promete el Gobierno, se va a enderezar esta marcha atrás, o si la negativa crisis internacional provocará también en España un efecto contagio a otros sectores. La crisis del empleo se produce por olas sucesivas y sus efectos llegan con retraso, pero ineludiblemente, al amplio tejido de la pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora, el buen comportamiento del consumo privado y la euforia que vive la construcción han conjurado en España los impactos más temidos.
El ciclo benéfico de creación de empleo y sustancial descenso del paro iniciado a partir de 1994 no sólo ha contribuido al crecimiento y a un mejor reparto de las rentas, sino que ha posibilitado el pacto de moderación salarial que se ha convertido en la verdadera clave de la fase de crecimiento protagonizada por la economía española. La quiebra de ese equilibrio añade dudas a un proceso de recuperación amenazado por la tensión bélica contra Irak y la subida del precio del petróleo, sin que el buen dato de creación de puestos de trabajo y de afiliación a la Seguridad Social sirvan de contrapeso por la excesiva temporalidad de los puestos de trabajo que genera la economía española.
El desafío de renovar el pacto de rentas entre empresarios y sindicatos se ve empañado por el conflicto desatado por el desempleo rural, el último residuo del enfrentamiento con el Gobierno que desembocó en la huelga general del pasado 20 de junio. El Ejecutivo dio marcha atrás en su reforma del seguro de desempleo, pero no ha logrado un compromiso con CC OO y UGT sobre el subsidio agrario que beneficia a 365.000 jornaleros andaluces y extremeños. La respuesta es la convocatoria en Andalucía y Extremadura de un paro general agrario el 20 de febrero. Lo grave de este enfrentamiento, sobre el que aún existen puntos de encuentro, no es el futuro del empleo rural, sino el peligro del fin de la moderación salarial y la crisis del empleo.