Chaves intentará recobrar Cajasur en los tribunales
La primera batalla de la guerra jurídica que libran Cajasur y la Junta de Andalucía se ha inclinado del lado de Miguel Castillejo, presidente de la entidad, aunque el largo pulso en los tribunales no ha hecho más que comenzar. La caja se dispone a aprobar mañana sábado en una asamblea dominada por Castillejo los nuevos estatutos de adaptación a la Ley Financiera tras decidir un juez de Córdoba que no se puede suspender esta decisión del consejo, como exigía la Junta.
Si los canónigos mantienen su apoyo al presidente a pesar de las críticas del obispo de Córdoba, la caja cordobesa culminará en la asamblea su decisión de abrazar la nueva normativa estatal y pasará a estar tutelada por el Ministerio de Economía y no por la Junta. Perdido este asalto de los hechos consumados, el Gobierno andaluz, y la Diputación de Córdoba como parte perjudicada, tendrán que buscar ante el Tribunal Constitucional (TC) y los tribunales ordinarios la restitución de lo que consideran una competencia arrebatada a la comunidad.
En esta carrera, la Junta se ha dado tanto prisa en intentar bloquear la decisión como la caja en tomarla, pero por el momento la entidad lleva la delantera. El juez que ha rechazado el recurso de la Junta argumenta que la propia Ley de Cajas 'prohíbe expresamente la suspensión cautelar de un acuerdo del consejo'. El magistrado ya apunta el futuro del conflicto al advertir de que el trasfondo del recurso entraña un 'conflicto de competencias' cuya resolución corresponde al TC.
Presiones
Y es que la maraña jurídica tiene muchos frentes. Por un lado, la Junta ya tiene en vigor la adaptación de la Ley andaluza de Cajas a la nueva norma estatal y entiende que este nuevo texto, que además anula el acuerdo del consejo porque tiene efectos retroactivos, será aplicable a la asamblea del sábado. Si Cajasur respetase este marco no podría acogerse a la tutela del Gobierno porque en la adaptación autonómica se establece una mayoría de cuatro quintos y la obligatoriedad de que la Diputación de Córdoba (PSOE), cofundadora de la caja, otorgue su consentimiento. Sin embargo, la entidad aprobará los nuevos estatutos que recortan la cuota pública y la de la Diputación porque entiende que se debe ya a la Ley Financiera y no a la normativa autonómica. En consecuencia, habrá nuevos recursos.
Así lo anunció ayer el presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, que presentará una demanda civil contra Cajasur si los planes de Castillejo siguen adelante mañana. De otro lado, adelantó la existencia de un informe jurídico que llevará al próximo pleno de la institución del 17 de enero que demuestra que la corporación tiene intereses patrimoniales y corporativos en Cajasur.
También ha denunciado Pulido que Castillejo presiona a los empleados de la caja para que le den su apoyo por escrito. Pulido sostiene que retirar la aprobación de los estatutos del orden del día y abrir el diálogo son las 'únicas' salidas al conflicto.