COLUMNA

Las cajas para quienes las mangonean

Nacidas a finales del siglo XVIII, las cajas de ahorros han alardeado siempre de su singularidad respecto tanto de otras instituciones mutualistas o fundacionales como de los bancos. Esa singularidad tiene, quizás, su rasgo más destacado en su naturaleza jurídica de fundaciones privadas, naturaleza que intentan hacer compatible, con mayor o menor éxito, con la presencia en sus órganos de gobierno de representantes ya de las corporaciones locales ya de los sindicatos. A ello se une lo que se ha calificado elegantemente como la 'reversión al conjunto de la sociedad de la totalidad de su excedente neto'; es decir, la dedicación de una parte de los beneficios derivados de su actividad -una vez descontadas las dotaciones a las reservas legales- a objetivos comprendidos en lo que se conoce como la obra benéfica social.

La evolución del sistema financiero y de la propia sociedad española ha ido imponiendo cambios tan sustanciales que cabe preguntarse si las actuales cajas de ahorros siguen respondiendo a ese modelo o, caso de contestar afirmativamente, qué 'singularidades' impone a su funcionamiento. Adoptado ese enfoque, lo primero que cabe resaltar es la gran relevancia que las cajas tienen en nuestro sistema financiero, puesto que manejan cuotas de mercado, en créditos y depósitos, cercanas al 50%.

A ello se une que el proceso de liberalización de sus operaciones y de expansión territorial de sus oficinas ha dado como resultado que en nada se distingan, por ejemplo de los bancos, en sus actividades -por mucho que algunos de sus estudiosos pretendan que su actuación ha ido guiada por criterios menos especulativos-. Si a ello se une que su peculiar naturaleza jurídica les ha permitido comprar bancos pero imposibilita que sean adquiridas por éstos, se plantea una asimetría que aquellos denuncian como profundamente injusta -¿ no cabría pensar que cuando así suceda aquellos desaparezcan como tales y sus redes de oficinas se integren en la de la caja que lo adquiera?-.

No se detienen ahí las peculiaridades, pues su actual estatuto permite una influencia excesiva de las autoridades políticas en los órganos de decisión de las entidades e implica un deterioro progresivo de la imprescindible profesionalización de los miembros de sus consejos de administración.

Esa interferencia política se ha acentuado a raíz de una muy discutible sentencia del Tribunal Constitucional, la 1/82, de 28 de enero, que ha sido profusamente aprovechada por las comunidades autónomas -a quienes, por cierto, la Constitución no atribuye competencias sobre las cajas, aún cuando sí las hayan mencionado los estatutos de autonomía, alguno de los cuales la califican de 'exclusiva'-. El resultado no ha sido muy alentador: una intervención y regulación excesiva por parte de las Administraciones autonómicas y locales y unas legislaciones muy cambiantes de una comunidad a otra.

Los recientes episodios en los cuales la Generalitat de Cataluña, después de pactar en secreto con el Gobierno una disposición transitoria en la Ley de medidas financieras -¡ya se sabe, entre cuates políticos hoy por mí..!- ha manipulado a su antojo la legislación para deshacerse del actual presidente de La Caixa y nombrar una persona adicta antes que una hipotética victoria del PSC les impidiera copar tan decisivo puesto; y la disputa entre la Junta de Andalucía y el presidente de Cajasur -una entidad de fundación eclesiástica y dirigida por un canónigo de la catedral cordobesa- son muestras de un intervencionismo que no puede sino dañar la imagen y el funcionamiento de estas tan importantes entidades financieras. Estas y otras cuestiones son suficientemente importantes como para seguir eludiéndolas.

Por ello, convendría empezar a meditar sobre la necesidad de que el Gobierno encargase a una comisión de expertos debidamente elegidos la tarea de redactar un anteproyecto de ley de bases de las cajas de ahorros que sentara los criterios generales de la naturaleza, estructura de órganos, profesionalización de la gestión y competencias de las Administraciones autonómicas y locales, discutiéndolo con los representantes de las citadas Administraciones y las propias cajas. Lo que no debería permitirse es la prolongación de la situación actual, en la cual, por no ser de nadie las cajas resultan ser de los grupos políticos, que las intentan mangonear exclusivamente en provecho suyo.