El Ejecutivo endurecerá la posible reducción de penas a los terroristas
El Gobierno y el PSOE anunciaron ayer su intención de proponer reformas legales para que los terroristas cumplan sus penas y no disfruten de beneficios penitenciarios si no renuncian a la actividad por la que fueron condenados, mientras que CiU e IU pidieron no quedar al margen del proceso de negociación.
Así, el ministro de Justicia, José María Michavila, afirmó que el Gobierno tiene 'ya estudiada' una propuesta que llevará al Parlamento el próximo mes de febrero para negociarla con todos los grupos parlamentarios y cuyo objetivo es lograr que 'el derecho de reinserción no sea el derecho de los terroristas a reincorporarse al terrorismo'.
El propósito del Gobierno es que la reducción de la pena por beneficios penitenciarios no se calcule sobre el máximo de cumplimiento, que la ley fija en 30 años, sino sobre el total de la condena impuesta en la sentencia.
El ministro precisó que las nuevas medidas obligarán a modificar el Código Penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley General Penitenciaria, y que con ellas se pretende 'evitar que la Constitución sirva de excusa' para que los terroristas vuelvan a ejercer esta actividad criminal una vez condenados por los tribunales.
Por su parte, el PSOE anunció que su partido trasladará una propuesta de reforma legal al seno del Pacto Antiterrorista en la que aboga por que los terroristas tengan que renunciar de forma expresa a la violencia para poder ver reducida su pena y acogerse a beneficios penitenciarios.
El secretario de libertades públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, precisó que su partido también aboga por que las reducciones se hagan sobre el total de la condena, a menos que se dé una renuncia expresa al terrorismo.
'Es muy exigible que los beneficios penitenciarios y la progresión de grado no se activen mecánicamente por conductas pasivas u omisivas del penado, sino que exijan un compromiso expreso de renuncia a la violencia y abandono de la actividad terrorista', añadió.
Compromiso expreso
Según el diputado socialista, esta reforma busca 'garantizar a la sociedad que aquellos etarras que han cumplido penas privativas de libertad no accedan al tercer grado y a la libertad condicional, sino a través de un compromiso expreso y activo de renuncia a la violencia que lance un mensaje decisivo a ETA'.
El portavoz de justicia de CiU, Manuel Silva, también se mostró partidario de abrir una 'reflexión' sobre la ejecución de las penas, pero reclamó a PP y PSOE que se incluya a todos los grupos y que planteen este asunto en el marco del Pacto de la Justicia para no limitarlo sólo a delitos de terrorismo. Silva expresó la necesidad de que las posibles modificaciones legales se aborden 'conjuntamente y sin exclusiones' para evitar 'planteamientos bilaterales cerrados' entre los dos grupos mayoritarios.
CiU admitió que el debate sobre la ejecución de las penas está 'vinculado al terrorismo', pero opinó que ello 'excede del puro y estricto planteamiento antiterrorista', por lo que consideró que no debe ser discutida en el seno del Pacto Antiterrorista.