El secuestro de la razón
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, denunció en Vigo el pasado lunes, una manipulación informativa tan evidente como triste y se comprometió a promover, si llega al poder, 'una legislación que obligue a los gobernantes a ofrecer información veraz'. A Zapatero, que valoró que 'desde la llegada de la democracia nunca la libertad de expresión estuvo tan comprometida como en estas cinco últimas semanas', no le hará falta promover esa legislación, porque desde la irrupción de Internet, cualquiera puede encontrar fuentes más fiables que las gubernamentales. Pero sí que tendrá que cambiar con dinero y con esfuerzo la orientación de la tendencia mostrada por los datos del último Estudio General de Medios, que recoge un estancamiento y retroceso de la expansión de Internet en España. Y la vía no será la de planes como los alentados por el Gobierno, que tan sólo ha reunido 90.000 alumnos para iniciarse en la Red en toda España.
Y es que en esta sociedad de la información, parece que el único empeño pasara por entorpecer la base misma de la nueva economía: la información. Pese a que el tiempo transcurre inexorablemente, aún se permite a un Gobierno como el norteamericano reconocer alegremente su intención de sobornar periodistas en Alemania. No obstante, a la categoría máxima sólo podemos llegar en esta surrealista y esperpéntica España nuestra, donde los Gobiernos piden a la oposición que dimita.
La solución sigue siendo como siempre no dar peces, sino enseñar a pescarlos. La solución no está tanto en ofrecer información veraz como en permitir al informado conocer los recursos para contrastarla, para localizarla en la Red, para compararla con criterio.
Y como todos los santos son siempre pocos, en tan revuelto mar de dudas informativas el juez Garzón ha iniciado una nueva e incomprensible batalla. El mismo juez Garzón que intentó clausurar las webs de Batasuna, en una acción sólo entendible desde la ignorancia del funcionamiento de Internet, acaba al parecer de enviar una comisión rogatoria internacional a las autoridades estadounidenses para que investiguen una página web en la que se profieren insultos al Rey y a otros miembros de la familia real.
La página en cuestión está alojada en un servicio de albergue gratuito de web y responde a una pretendida 'Fundazion de Ayuda kontra la Markadikzion' (www.geocities.com/Athens/Forum/1152/), que con una cutrez insuperable pretende mostrarse como una crítica a la excesiva lectura de prensa deportiva que se observa por estos pagos. La página insulta a la familia real, pero parece más operativo ignorarla que darle la importancia que no tiene ni tendrá jamás. Perseguir este tipo de páginas sería como recorrer los bares deteniendo a quien profiera insultos en pleno coma etílico.
Claro que las instancias judiciales gustan habitualmente de iniciar complicados procesos que no llevan a ninguna parte, amén de los habituales que llevan a dejar las cosas en su sitio. El ejemplo más reciente de esta última categoría, y evidencia de que aún hay esperanza de que la racionalidad se acabe imponiendo más pronto que tarde, está en el juicio de Adobe contra la compañía rusa que desarrolló y vendió un software para desproteger e-Book y que ha llegado a su fin con un veredicto que amenaza la controvertida ley norteamericana de derechos de autor (DMCA): no culpable (www.freesklyarov.org).
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