Fomento de la corrupción
Entre las variadas medidas antimercado que ha propuesto esta semana el Ministerio de Fomento con el objetivo de abaratar la vivienda, destaca la que se propone prohibir a los ayuntamientos que vendan sus solares en subastas públicas. Fomento quiere obligarles por ley a fijar administrativamente un precio por debajo del mercado y a adjudicar el terreno al agraciado por medio de un concurso.
Hay que reconocer que las recientes subastas de suelo público, al reflejar su valor de mercado, muestran lo mucho que está aumentando el precio del suelo urbano en España en los últimos años. El Ministerio de Fomento debe pensar que, suprimiendo las subastas, evitará que el suelo alcance precios desorbitados. Pero el intento es vano porque el valor de un terreno no varía porque se impida jugar a la oferta y la demanda. El valor de una cosa es justamente lo que alguien está dispuesto a pagar por ella y la subasta es el mejor procedimiento de averiguarlo.
Si, por ejemplo, alguien estuviera dispuesto a pagar 100 millones por un solar edificable, y sin embargo se adjudica a otro en 60 millones de euros, se le está dando un regalo de 40 millones de euros. Los problemas de este regalo son, en primer lugar, el de despilfarrar el patrimonio de todos los contribuyentes en beneficio del favorecido en el concurso. En segundo lugar, se están asignando ineficientemente los recursos del país, pues no se entrega el solar a quien lo valora más. En tercer lugar, se incentiva la corrupción. El margen de corrupción, en el ejemplo citado, podría llegar a 40 millones de euros, que es la diferencia entre el valor del suelo y el fijado administrativamente.
El intento de abaratar el suelo a través de acabar con las subastas cae en el típico error de arremeter contra los efectos sin atacar las causas.
Desgraciadamente, Fomento parece seguir la tradicional política del suelo en España, que consiste en aprobar primero regulaciones que restringen la oferta y luego, enfadados al comprobar cómo suben los precios, introducir regulaciones adicionales para impedir que éstos reflejen las alzas que han creado aquellas regulaciones restrictivas.
Por otra parte, el procedimiento de subasta no es incompatible con el establecimiento de obligaciones públicas, como por ejemplo la de dedicar el suelo a construir viviendas protegidas, pero para que no existan favoritismos las condiciones deben quedar claramente expresadas en las bases de la subasta, de tal forma que el precio ofertado sea el que decida la adjudicación final.
Alos economistas cínicos no les preocupan mucho las regulaciones restrictivas de la oferta porque consideran que el empresario privado, gracias al soborno, puede hacer que el mercado funcione impidiendo los efectos negativos de esas regulaciones. Es verdad que en China, por ejemplo, el mercado funciona mucho mejor que en otros países, gracias a que es uno de los países más corruptos del mundo. Pero aunque la corrupción en el corto plazo parezca un remedio, en el largo plazo hay una correlación bastante estrecha entre el nivel de desarrollo de los países y un reducido nivel de corrupción.
Las autoridades no sólo no deberían fomentar la corrupción, sino que deberían legislar para hacerla imposible. Es mejor aprobar leyes que no vayan en contra del funcionamiento del mercado, porque así no hay necesidad de que la corrupción venga a resolver los problemas creados por los gobernantes y, de esta forma, podemos avanzar tanto en una mayor eficiencia de la economía, como en reducir los comportamientos inmorales.