Trabajo quiere que empresas y regiones gestionen la formación
La Fundación para la Formación Continua (Forcem) puede tener los días contados si el Gobierno sigue adelante con su idea de reformar este sistema y, sobre todo, de cambiar de manos la gestión de los fondos destinados a formar ocupados.
Según la propuesta elaborada por el Ministerio de Trabajo, que hoy presentará a los consejeros de Trabajo de las comunidades autónomas, el nuevo sistema daría la gestión de los fondos a las empresas directamente y a los Gobiernos regionales.
Los fondos de formación continua están formados por la mitad de lo recaudado con el 0,7% de la cuota de formación de cada trabajador asalariado (el 0,6% lo paga el empresario y el 0,1% restante, el empleado). Esta mitad, la gestiona actualmente la Fundación para la Formación Continua, en la que están presentes las organizaciones patronales y sindicales y, desde 2000, el Gobierno.
Pues bien, lo que se pretende desde trabajo es eliminar esta fundación como agente de gestión y limitarla a un órgano más de control de los fondos, que pasarían a gestionarse por las empresas y las comunidades autónomas. Del total de fondos de la formación continua, el 60% iría a parar a manos de las empresas y el 40% al de los Gobiernos autonómicos.
Así, se crearía un sistema de bonificaciones a las empresas para acciones de formación. Las empresas dispondrían de un crédito para ello en función del tamaño de la empresa, el número de trabajadores y la cotización por formación media anual por empleado.
Si la empresa gasta ese crédito, contaría con una bonificación en la cuota de formación. En 2003 la bonificación media por trabajador sería de 57 euros. La ejecución de los cursos podrá llevarse a cabo por las empresas o por centros especializados. Además, los costes derivados de estos cursos deberán quedar expresamente identificados como tales en la contabilidad de la empresa y ésta tendrá que guardar durante cinco años la documentación justificativa.
El segundo pilar del nuevo modelo consistirá en que sean las comunidades autónomas las que gestionen y programen la oferta de formación continua en sus respectivos territorios. Los fondos para las regiones se distribuirán en la conferencia sectorial, teniendo en cuenta la población ocupada en cada comunidad.
El Gobierno pretende crear también una fundación estatal o comisión tripartita en la que estarían empresarios y sindicatos, Ejecutivo central y comunidades autónomas y que tendría exclusivas funciones de seguimiento y control.
El Gobierno argumenta que ha acometido esta reforma para adecuar el sistema a una sentencia del Tribunal Constitucional, que reconocía la capacidad de gestión de las comunidades en estos fondos. No obstante, Cataluña, que fue la comunidad que recurrió el sistema, considera que las regiones deben recibir la gestión del 100% de los fondos y no sólo del 40%.
CC OO y UGT han rechazado de plano esta reforma y exigen su negociación.