Montoro no descarta renunciar al límite de gasto fijado por la Ley de Estabilidad

Cuando la necesidad aprieta, todo es posible. Esta máxima es la que ha comenzado a utilizar el Gobierno ante la avalancha de gastos imprevistos como consecuencia de la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del petrolero Prestige ante las costas gallegas.

Hace sólo una semana, el Ejecutivo insistía en mantener el 'déficit cero' a rajatabla, como objetivo principal de la política presupuestaria. Poco a poco, conforme han ido aprobándose más ayudas a los damnificados por el vertido de fuel, el Gobierno ha ido suavizando su discurso. El miércoles, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, anunció en la Comisión de Economía del Congreso que pedirá a la UE que no contabilice las ayudas por el Prestige para el cómputo del criterio de déficit excesivo, ante la posibilidad de que se acabe incurriendo en déficit el próximo año.

Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechó el pleno del Congreso, para recalcar que se recurrirá a 'todas las opciones financieras' para sufragar los gastos extraordinarios, excepto a una subida de impuestos o al establecimiento de tasas específicas. El problema con que se encuentra el Ejecutivo es que el Estado tiene fijado por primera vez un límite máximo de gasto, estipulado en 114.517 millones de pesetas para 2003, límite aprobado por las Cortes en abril, según estipula la recién estrenada Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La citada ley elimina toda posibilidad de desviaciones presupuestarias, como ha venido produciéndose hasta ahora (hasta 2002), previendo un fondo de contingencia (2% del total de gastos) para circunstancias excepcionales. Este fondo de contingencia está dotado con 2.290 millones de euros para 2003. En principio, debería ser suficiente para hacer frente a la catástrofe del Prestige, pero nadie sabe, hoy por hoy, el dinero que será necesario.

114.000 millones

Montoro avisó ayer que el Gobierno estaría dispuesto, si se diera el caso, a dejar sin efecto el límite máximo de gasto para el Estado (los 114.000 millones de euros), si ello fuera necesario. 'La Ley de Estabilidad Presupuestaria así lo contempla, siempre y cuando se trate de situaciones excepcionales como la del Prestige', dijo. De esa forma, el Gobierno se encontraría con la paradoja de renunciar al tope máximo de gasto del Estado, justo el primer ejercicio en que está en vigor una ley (la de Estabilidad Presupuestaria) que busca, precisamente, el control máximo del gasto y que se ha aplicado por primera vez para los Presupuestos de 2003.

Precisamente, el pleno del Congreso aprobó ayer en segunda vuelta y de forma definitiva (ratificando las enmiendas incluidas por el Senado) el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y su 'Ley de Acompañamiento'. Las dos leyes contaron con el apoyo del Grupo Popular, CiU y Coalición Canaria, y el rechazo de PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto. Los presupuestos para el próximo año prevén una aceleración del crecimiento económico hasta el 3% (el Gobierno estima para este año un 2,2%), con un crecimiento de los ingresos tributarios del Estado del 5,5%. Las prioridades de gasto se centran en la inversión en infraestructuras (crecerá un 8,3%, hasta 7.700 millones de euros), la seguridad ciudadana (un 7,4% más) y las políticas sociales (crecen el 8,2%). Hacienda quiere que los Presupuestos sirvan para acelerar la demanda. La rebaja del IRPF prevista inyectará 3.600 millones de euros en los bolsillos de los contribuyentes, que generarán mayor recaudación de otros impuestos.

Ley de Acompañamiento

Entre las medidas más importantes incluidas en la Ley de Acompañamiento destacan la congelación de los impuestos especiales, la rebaja del 16% al 7% del IVA para compresas y tampones y la creación de nuevas tasas en el ámbito del control sanitario y alimentario y judicial. Figura también la exención del impuesto sobre hidrocarburos para carburantes utilizados por centrales de ciclo combinado para la producción de electricidad y la reducción del tipo de este impuesto para el queroseno de calefacción.

Se contempla el aumento de 23 a 24 años de la edad para la percepción de la pensión extraordinaria de orfandad en los supuestos de orfandad absoluta y la extensión a los trabajadores autónomos de la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Vía enmiendas se introdujo también la limitación al 3% por accionista en el capital de Red Eléctrica Española (REE) y la prohibición de que una empresa tenga participaciones en una televisión nacional y, a la vez, en otras de ámbito autonómico y local.

El pleno del Congreso aprobó ayer también, con carácter definitivo, la reforma de la Ley de Haciendas Locales (incluye la supresión del IAE para el 92% de las pymes) y el proyecto de Ley de Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Eurostat exige que se compute como déficit las ayudas del 'Prestige'

El gasto público en que se incurra como consecuencia de la catástrofe del Prestige (hasta ahora hay 230 millones presupuestados para este año) deberá contabilizarse como déficit, advirtieron ayer fuentes de la Comisión Europea. El organismo comunitario descarta la segregación de todas estas partidas del balance final, como sugirió anteayer el ministro de Economía, Rodrigo Rato, en su intento por preservar el equilibrio presupuestario siquiera nominalmente.La Comisión sólo se muestra dispuesta a reconocer, en los futuros análisis del programa de estabilidad español, la circunstancia excepcional del gasto (a efecto del cómputo de déficit excesivo), como ya ofreció a Alemania y Francia tras las inundaciones del verano. Aun así, Bruselas concluyó en noviembre que el desbordamiento del déficit alemán por encima del máximo permitido (3%) 'no fue consecuencia de un acontecimiento excepcional' y 'se hubiera superado aunque no se hubieran producido inundaciones'. En la actualización del programa de estabilidad, el Gobierno no sólo debe detallar los objetivos presupuestarios, sino también 'la evolución económica esperada y las variables económicas relevantes'. El Gobierno no puede obviar el impacto presupuestario que puede suponer el Prestige en el año 2003, porque la Comisión examinará si los objetivos presupuestarios se basan en 'supuestos económicos (...) realistas'. En la evaluación del programa del año 2000, los ministros de Economía de la UE ya recordaron a Rato que debía estar listo para adoptar medidas que 'compensasen el impacto presupuestario de una sentencia' de la Audiencia Nacional que consideraba ilegal la congelación de los sueldos de los funcionarios. Se trataba entonces sólo de un riesgo potencial que Rato había preferido obviar en el programa de estabilidad, pero sus homólogos decidieron dejar constancia. En el caso del Prestige el riesgo ya no es potencial.