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UGT convoca huelga en los aeropuertos después de Navidad

El responsable de UGT en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Federico Lombardo, anunció ayer en Barcelona que el sindicato realizará movilizaciones en los aeropuertos españoles tras las fiestas navideñas por la falta de seguridad.

Las protestas comenzarán durante la segunda semana de enero y culminarán en una huelga. Las movilizaciones se centrarán, sobre todo, en los aeropuertos en los que el sindicato tiene presencia mayoritaria, como los de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Tenerife-2.

A juicio de Lombardo, unos 8.700 trabajos de AENA, la cuarta parte de la plantilla, están afiliados a UGT. Lombardo denunció 'la falta de una política de seguridad global en los aeropuertos' y explicó que, si bien se han incrementando las medidas de seguridad, no existe una formación adecuada para el personal de AENA, como en el caso de los controladores de escáner.

Deterioro laboral

Lombardo acusó a la dirección de AENA de 'modificar la estructura interna y de deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores para empeorar el servicio y justificar así una privatización de las áreas aeroportuarias'. En este sentido, destacó también la diferencia de inversiones entre los aeropuertos de Barajas-Madrid y El Prat-Barcelona.

En su opinión, la partida destinada al aeropuerto de Barcelona no se corresponde con los beneficios generados por esta infraestructura. Otro de los puntos de discusión es el convenio colectivo de AENA que entró en vigor el pasado mes de septiembre y que UGT no firmó. Según Lombardo, el acuerdo 'es una basura'.

El responsable de UGT-AENA en Cataluña, Francisco Abadías, tildó a AENA de 'centralista' y le acusó de 'fomentar la degradación total de las relaciones laborales'.

Abadías apuntó que en la actualidad el 95% de la formación de los empleados de AENA se realiza en Madrid, lo que ocasiona que los trabajadores pasen 'semanas fuera de casa y que quienes continúan en sus puestos están sobrecargados'.

Abadías denunció también incoación de expedientes y amenazas verbales a trabajadores que acuden a la Seguridad Social e incluso en casos en los que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas.

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