Bruselas investiga los procedimientos de subcontratación de Tragsa
Transformación Agraria (Tragsa), sociedad constituida como medio propio de la Administración pública para hacer frente a desastres naturales y catástrofes como la del Prestige, tiene pendiente la resolución de una investigación de la Comisión Europea sobre sus procedimientos de adjudicación de las contratas y subcontratas.
El Ejecutivo comunitario remitió en mayo al Gobierno español una carta de emplazamiento, tras estudiar dos denuncias interpuestas por la Asociación de Empresas Forestales (Asemfo) en julio de 1999 y octubre de 2000. Según el despacho de abogados Albiñana & Suárez, que dirige la causa de Asemfo, la Comisión se ha dirigido a ellos por escrito para informarles de que en dicho emplazamiento ha formulado 'objeciones respecto a la adjudicación de contratos a Tragsa sin respetar las reglas de publicidad y transparencia impuestas por el Derecho comunitario de la contratación pública'.
Asemfo representa al 80% del sector forestal privado en España, en la que figuran empresas como Ferroser (perteneciente a Ferrovial), Ibersilva (Ence), Matinsa (FCC), Irena (OHL) o Eulen. Miguel Ángel Duralde, presidente de Asemfo, calcula que el sector forestal privado 'pierde por falta de licitación pública entre 360 millones de euros y 450 millones anuales'.
Respuesta del Gobierno
Duralde afirma que le consta que el Gobierno va a contestar a la carta de emplazamiento a finales de mes.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, al que pertenece el 80% del capital social de Tragsa, no ha confirmado este extremo. Participa en la sociedad a través de Iryda (la antigua Icona). El segundo gran accionista, con el 19% del capital, es Patrimonio Nacional (Ministerio de Economía y Hacienda). El 1% restante se reparte entre las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra.
En octubre del año pasado, Tragsa decidió, por primera vez en su historia, repartir entre sus accionistas 111,26 millones de euros con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad. Los sindicatos denuncian que esta decisión ha descapitalizado a Tragsa y denuncian que todavía no se ha firmado el convenio colectivo para 2002, que afecta a 1.386 trabajadores.