El PSOE acusa a Gallardón de blindar el control de Caja Madrid

La adaptación de las normativas autonómicas sobre cajas de ahorros a la Ley Financiera amenaza con seguir desencadenando conflictos. A los que se han producido en Cataluña y Andalucía se suma ahora el de la comunidad presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo proyecto, presentado a finales de noviembre, ha despertado el rechazo frontal del Grupo Socialista.

El secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM) y candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, acusó ayer al presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, de pretender 'dar un golpe de Estado' en Caja Madrid con la aprobación de una ley que 'abrirá las puertas a la privatización'.

En principio, el presidente de la comunidad autónoma ha manifestado su intención de negociar con los grupos políticos y sindicatos para evitar mayor polémica. Pero la negociación todavía no se ha concretado.

Entre tanto, la FSM-PSOE ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto, con un texto alternativo.

El portavoz de Presupuestos del PSOE en la Cámara regional, Adolfo Piñedo, explicó ayer a Cinco Días que su grupo no acepta que la posible emisión de cuotas en Caja Madrid se apruebe por mayoría simple. Consideran imprescindible que se haga por mayoría cualificada de dos tercios de la asamblea. Asimismo, acusan al PP de eliminar la pluralidad política, ya que al reducir el peso de la representación pública sólo se da entrada a dos vocales en nombre de los partidos políticos. Lo que más molesta a los socialistas es lo que consideran 'un intento de blindar el control de la derecha' sobre la institución. En su opinión, el PP trata de que se designen 'deprisa y corriendo' dentro del actual periodo a las personas que representarán esta entidad para que tomen posesión antes de la renovación del consejo, correspondiente a ayuntamientos y asamblea de Madrid, con la intención de asegurar su continuidad. 'Si hay un cambio de mayoría política, se tiene que reflejar en la caja', señala Piñedo.

Otro de los puntos controvertidos del proyecto de Gallardón es la creación de un nuevo grupo de representación, junto a la representación pública, impositores y empleados. Para el PSOE, 'supone una discrecionalidad intolerable, ya que la definición de estas entidades se remite a una resolución de la mayoría del consejo y, si este órgano no decide, lo hará el presidente de la comunidad'. A juicio de los socialistas, esta medida permitirá que el Gobierno regional pueda incorporar 'a sus amiguetes' al consejo de administración de la caja, al estar facultado el ejecutivo para vetar la incorporación de las entidades representativas. En lugar de eso, el PSOE propone que sean las organizaciones integradas en el Consejo Económico y Social (CES) -la patronal CEIM y los sindicatos CC OO y UGT- las que ocupen ese lugar, mientras que personalidades de la vida social, cultural y académica de la región estén representados en los consejos asesores de los órganos de gestión.

Por otra parte, Cajasur se negó ayer a cualquier posibilidad de negociar el futuro de la entidad, como le exige el obispo de Córdoba y la Junta. Incluso el PP se ha mostrado dispuesto al diálogo. Sin embargo, el director general adjunto a la presidencia de la entidad, Diego Jordano, advirtió que tras el viaje de Miguel Castillejo a Roma los pasos a seguir por la entidad son los previstos, es decir, se celebrará la asamblea el día 28 y se propondrá una reforma de los estatutos para adaptarlos a la Ley Financiera, que le quita a la Junta el control.

Jordano afirmó que los consejeros de la entidad son independientes y no están sujetos a imperativo alguno, en respuesta al 'juego' de minorías y mayorías en el que han entrado otras instituciones como el PSOE, que espera bloquear la decisión de Cajasur de acogerse a la Ley Financiera en la asamblea del día 28. En este sentido, respecto a la búsqueda por parte del PSOE de una minoría de bloqueo, Jordano dijo que 'no estamos en un pleno de un ayuntamiento, sino en una caja de ahorros', e insistió en que la entidad está dirigida por una serie de consejeros 'que son independientes y no están sujetos a mandato imperativo alguno'.