Modernizar la Administración
Todos los Gobiernos han incluido en sus programas electorales la reforma de la Administración pública para que funcione eficazmente al servicio del ciudadano. En cuanto alcanzan el poder, este tema queda relegado y su lugar es ocupado por otras cuestiones que, a juicio de los políticos, pueden interesar más a la sociedad.
Pienso que las dificultades que comporta la reforma de la Administración y el coste electoral que conlleva, retrae a los Gobiernos de emprender la tarea, ingrata y de poco lucimiento, sin darse cuenta de que al final, si la operación ha sido bien planificada y se tienen claras las ideas, el éxito electoral está garantizado.
El pasado julio el Círculo de Empresarios presentó un documento en el que reclamaba al Gobierno la reforma en profundidad de la Administración pública, que es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país.
La incorporación del sector privado para gestionar la Administración con criterios de empresa, la externalización de determinados servicios públicos y la reducción de plantillas constituyen propuestas concretas del Círculo. Recientemente la Administración de George Bush ha propuesto privatizar la gestión de casi la mitad de los servicios públicos a cargo del presupuesto federal, lo que daría lugar a la supresión de 850.000 empleos públicos, que pasarían al sector privado.
En noviembre se ha firmado un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos con la finalidad, según el Ministerio de Administraciones Públicas, de modernizar y mejorar la Administración pública. En el acuerdo se han recogido las tareas de potenciar la movilidad de los funcionarios públicos, incrementar los horarios de atención al público, mejorar la formación, apoyo a la carrera profesional y a la promoción laboral dentro de la Administración, reducción del absentismo laboral y de la temporalidad.
æpermil;ste se ha vendido como una modernización de la Administración y ha tenido como contrapartida una subida de las remuneraciones de los funcionarios para el próximo año del 3,3% y para el 2004 del 3,2%, rompiendo con lo que ha venido siendo tradicional, que los sueldos de los funcionarios se indexen con la inflación esperada, sin que luego se actualicen por la desviación habida.
Esta subida de las retribuciones por encima de la inflación servirá de indicador en la negociación de los convenios colectivos, que exigirán al menos dicho porcentaje como subida, además de la compensación por el diferencial entre la inflación prevista y la habida, con lo cual los convenios de 2003 se situarán en tasas de crecimiento salarial entre el 4,5% y el 5%, sin tener en cuenta las subidas por deslizamientos (trienios, reformas de puestos de trabajo, etcétera). Más leña al fuego de la inflación, con los consiguientes efectos sobre la competitividad y el paro.
Desde la década de los setenta, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Canadá, EE UU, y últimamente Nueva Zelanda, han introducido reformas en sus Administraciones públicas para conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los servicios públicos.
En septiembre de 1999 la OCDE abrió un debate sobre la cuestión con el coloquio Construir hoy día la Administración del mañana. En 1994 el Instituto de Estudios Económicos publicó el estudio que realizamos Antonio Gómez Ciria y el autor de estas líneas sobre El problema de la eficiencia del sector público en España. El libro fue prologado por el entonces ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y quisiera destacar el siguiente párrafo del mismo: 'En el modelo de gestión que propugna el estudio, el término producción tiene un significado relevante, puesto que en él se apoya buena parte de las propuestas más innovadoras; dentro de los servicios y prestaciones que el Estado se compromete políticamente a garantizar a los ciudadanos, le cabe la alternativa de producirlos a través de su macroestructura o dejar que sea el sector privado quien los produzca (en todo o en parte), garantizando entonces el acceso a los mismos por parte de los ciudadanos. La eficiencia a la que aluden los autores, y los consiguientes mecanismos para alcanzarla, se nuclea alrededor de las organizaciones públicas a las que se les encomiendan las funciones de producir directamente los bienes y servicios garantizados.
Adelanto ya que la conveniente separación entre las actividades públicas de regulación, provisión y producción, con límites más o menos estrictos para cada una de ellas, constituye también para el ministerio que dirijo uno de los componentes fundamentales del diseño organizativo y funcional propuesto para mejorar la gestión de las políticas públicas'.
Estimo que es necesario crear una nueva Administración; no se trata de reformar áreas, sino de una reforma estructural, es decir, modernizarla. La implantación del management en el proceso de producción de los servicios de no mercado está condicionada en España a la modernización de la Administración. Una nueva organización, un nuevo sistema de dirección de la producción y de gestión de los recursos humanos deben constituir los tres pilares sobre los que se asiente esa modernización. Esta debe cerrarse con algo tan elemental, pero que la Administración se resiste a aceptar, como la introducción de criterios de mercado en su funcionamiento.
La separación de las funciones de regulación, provisión y producción dentro de la Administración hace factible introducir la colaboración de las empresas en la gestión pública. Jerónimo Saavedra admitía esta colaboración, y el actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, ha planteado recientemente esta reflexión.
El reto del Gobierno es el de la modernización de la Administración con el objetivo Europa. La fuerte descentralización del gasto público en las comunidades autónomas, que se han convertido en los suministradores de los principales servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales), debería dar lugar a que los ministerios se transformen en organismos con poca estructura administrativa, encargados de la planificación y regulación de la actividad pública.
En los supuestos en que los servicios hayan de ser producidos públicamente por la Administración central, los organismos encargados deberían ser agencias con personalidad jurídica propia (centros de responsabilidad).
La nueva organización debería realizarse en función de los objetivos que España tiene que alcanzar ante la UE. Basándose en estos objetivos, la Administración del Estado tendría que agrupar en un mismo ministerio todos los instrumentos necesarios para alcanzar un mismo objetivo, que por otra parte supondría la necesidad de que las opciones políticas estuviesen basadas en evaluaciones de programas alternativos para conseguir el mismo objetivo.