La abogacía rechaza su papel en la futura ley de blanqueo de capitales

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, afirmó ayer, sobre las declaraciones del secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, en relación a la futura Ley sobre Blanqueo de Capitales, en la que 'se incluirá a los profesionales del Derecho como nuevos sujetos obligados al cumplimiento del deber de identificación y comunicación de operaciones sospechosas', que 'esta medida afecta al secreto profesional y que los abogados no serán nunca delatores'.

Para Carnicer, 'las normas deontológicas de la abogacía ya obligan a cualquier abogado a la identificación de la procedencia de los fondos que le sean entregados y no hay nada más alejado del interés de defensa de un abogado que enmascarar forma alguna de delito, ya que el abogado dejaría de ser abogado para convertirse en delincuente'.

Pero para el presidente de la abogacía española, 'la obligación de desvelar cualquier dato que afecte a la intimidad de las personas podría pervertir el necesario sistema de defensa individual y colectiva del Estado de Derecho'.

Presunción de inocencia

Según Carnicer,'el Estado de Derecho, conforme a su configuración a las normas internacionales que reconocen derechos fundamentales (el derecho a la libre defensa de todas las libertades e intereses) individuales y colectivos, garantiza a toda persona el derecho a la presunción de inocencia, a no autoinculparse o declarar contra sí mismo y a preservar de forma absoluta su intimidad'.

Como consecuencia de ello, el presidente del Consejo General de la Abogacía cree que el Estado de Derecho tiene la obligación de propiciar mecanismos que generen la absoluta confianza de cualquier persona hacia el abogado que le ha de defender, 'en la seguridad absoluta de que ningún dato o hecho que confiese al mismo podrá ser utilizado por éste fuera del estricto concepto de defensa, es decir, confiando en un riguroso secreto profesional'.