Castillejo desobedece a la Iglesia y reforma Cajasur según sus criterios
El presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, desobedeció ayer las órdenes expresas de la Iglesia y aprobó unos nuevos estatutos de adaptación a la Ley Financiera que recortan la presencia pública y eliminan los derechos de la Diputación de Córdoba como cofundadora de la entidad. Ante la rebelión, el presidente Manuel Chaves ofreció un pacto a la Iglesia para acabar con los 'privilegios' de Castillejo y preservar sus derechos en la caja.
La Iglesia tuvo ayer la prueba más palpable de que ya no controla Cajasur tras aprobar su consejo de administración unos nuevos estatutos desautorizados expresamente por el obispo de Córdoba en la víspera de la reunión. Los cinco canónigos que representan a la Iglesia votaron a favor de los estatutos propuestos por Castillejo a pesar de que el obispo de Córdoba les remitió una carta ordenando que se abstuvieran de tomar decisiones hasta obtener un dictamen jurídico que encargará él mismo.
Francisco Javier Martínez era taxativo en este punto y exigía que no se dieran pasos que comprometan a la Iglesia sin haber contado 'con la aprobación previa del obispo'. Los polémicos estatutos incrementan del 35% al 46,6% la presencia en la asamblea del Cabildo Catedralicio, mientras que la representación de la Diputación y ayuntamientos pasa del 32,5% al 21,6%.
La desobediencia de Castillejo abre la posibilidad de una alianza entre la Junta y la Iglesia para desbancar al sacerdote de su puesto.
El presidente Manuel Chaves volvió ayer a pedir diálogo y denunció que la Ley Financiera no ha sido aprobada por el Gobierno para 'garantizar los derechos de la Iglesia' en Cajasur, 'algo que nadie ha puesto en entredicho', sino que la ha utilizado para dar 'patente de corso' a su presidente. A su juicio, Castillejo es un 'lastre' para la estabilidad de Cajasur.
Por otra parte, la Junta dio un paso más ayer para intentar que Cajasur no escape de su control y pase a ser tutelada por el Gobierno en virtud de la Ley Financiera. Así, aprobó un decreto que garantiza la igualdad jurídica de las entidades fundadoras de las cajas con el que endurece las condiciones para que Cajasur pueda acogerse a la tutela del ministerio al exigir la conformidad de la Diputación Provincial de Córdoba, que es cofundadora de Cajasur junto a la Iglesia. La idea es que cualquier tipo de decisión de una caja andaluza que tenga dos o más entidades fundadoras, caso de Cajasur, se adopte con la participación de todas ellas. Chaves recalcó ayer que el decreto tiene el 'aval' del consejo consultivo de Andalucía y subrayó que 'tenemos la facultad de desarrollar una norma básica, como es la Ley estatal Financiera, porque tenemos competencias para eso'.
Por su parte, la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, aseguró que desde la Administración andaluza se tomarán las medidas administrativas y jurisdiccionales 'oportunas' contra Cajasur 'de acuerdo con el incumplimiento que es aprobar unos estatutos sin respetar la normativa vigente'.
Magdalena Álvarez aseguró que además se ha dado luz verde a los estatutos 'sin esperar a un desarrollo autonómico y, por lo tanto, sin atenerse a las condiciones establecidas para esa adaptación', en alusión al decreto aprobado ayer por la Junta. Asimismo, señaló que los estatutos 'se han llevado a un consejo de administración convocado mal en tiempo y en forma, y por tanto irregular en todos sus aspectos, en lugar de llevarlo a la asamblea, que es donde se tiene que expresar la voluntad de la caja de ahorros'. Además, denunció que 'no han tenido en cuenta la voluntad de la otra fundadora, que es la Diputación de Córdoba'.
Cajas valencianas
El Gobierno valenciano ha decidido aumentar la representación de los impositores en las cajas de ahorros en cinco puntos porcentuales y la de los empleados en un punto, con la consiguiente reducción de la Generalitat y los ayuntamientos en tres puntos cada uno. Los cambios están motivados por la Ley Financiera aprobada recientemente por el Parlamento español, que limita la representación pública al 50%. La nueva representación en los órganos de gobierno y control de las cajas valencianas será del 33% para los impositores, el 25% para la Generalitat y otro tanto para los ayuntamientos, el 12% para los empleados y el 5% para la entidad fundadora.
El anteproyecto de ley valenciana de reforma de las cajas de ahorros no contempla el límite de 70 años de edad para los consejeros, lo que beneficia especialmente al presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo Virosque. El mandato de los miembros de la asamblea y de los consejeros se prorroga de cuatro a seis años, con un máximo de dos mandatos.
El texto del anteproyecto incluye el catálogo de infracciones que recoge la Ley Financiera y exige a las cajas foráneas que destinen a obra social en la Comunidad Valenciana un porcentaje de su presupuesto equivalente al de los recursos ajenos captados en esta comunidad autónoma.