El residente extranjero ataca la ley urbanística valenciana
Los turistas extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana, especialmente en la costa de Alicante, han constituido la Asociación Abusos Urbanísticos No, con la que pretenden defenderse de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) valenciana.
La asociación se reunió el martes en Jávea (Alicante) con el embajador de Gran Bretaña en España, Peter Torry. A la cita acudieron más de 500 afectados, especialmente británicos y canadienses, preocupados por una situación que les llega de nuevo, pese a que en algunos casos sus chalés tienen más de 20 años.
Los turistas que cuentan con casas rurales en la zona del litoral han tomado esta decisión, ya que se sienten 'indefensos y desprotegidos' por los efectos que la ley provoca sobre sus propiedades. Y es que la LRAU contempla la figura del agente urbanizador, normalmente constructoras, que, con la autorización municipal, proceden a la urbanización de terrenos para la construcción de viviendas. Se trata de suelo donde, por norma general, no hay nada construido y los propietarios sufragan su parte de urbanización con la cesión de terrenos al agente urbanizador.
Sin embargo, cuando hay edificaciones ya hechas, la solución es más compleja, ya que hay casos en los que se les exigen a los propietarios cantidades que oscilan entre los 60.000 y los 265.000 euros para hacer frente a la urbanización. Si los propietarios no pagan, el agente puede instar la expropiación.
'No es seguro invertir'
El embajador Torry, en declaraciones a Efe, mostró ayer su preocupación por la 'publicidad muy importante' que se está dando en su país de que 'la Comunidad Valenciana no es segura para invertir' con la aplicación de la LRAU. El embajador ha pedido reunirse con el consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón.
Torry explicó que después de este verano comenzó a recibir cartas de ciudadanos británicos en las que le exponían su 'preocupación al verse afectados por la aplicación de la ley', que autoriza a 'una empresa privada con el permiso del Ayuntamiento a que pida contribuciones o la cesión de terrenos a los propietarios que ya estaban viviendo en la zona desde hace años'.
El embajador dijo que varios rotativos británicos están haciendo un 'gran seguimiento' de este problema y la población inglesa se pregunta 'si es seguro o no invertir en la Comunidad Valenciana', lo que al embajador le 'preocupa'.
La LRAU fue aprobada en 1994 con el PSOE en la Generalitat y en su momento fue elogiada por su capacidad para liberar terreno. Varias comunidades de España se han inspirado en la ley valenciana para sus normas urbanísticas, aunque en la mayoría de los casos otorgan menos potestades al agente urbanizador. El Gobierno valenciano lleva varios años estudiando una reforma de la LRAU en este mismo sentido.