Empresas, jueces y abogados critican la introducción de las tasas judiciales
Hace escasamente un mes, el ministro de Justicia, José María Michavila, puso la pelota de las tasas judiciales en el tejado del poder judicial: 'El debate sobre las tasas para las empresas corresponde al poder judicial'. El debate había sido abierto a mediados del mes de septiembre por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, durante la apertura del año judicial.
Pero, por sorpresa y sin que el debate sobre las tasas haya podido ser una realidad, el grupo parlamentario del PP en el Senado propuso el pasado martes una enmienda a la Ley de Acompañamiento para crear tasas por interponer pleitos en el orden civil y en el contencioso-administrativo. A salvo queda el ámbito penal y el orden social. Según el texto de las enmiendas, estarán exentos de pagar las tasas las entidades sin fines lucrativos, las personas físicas y las empresas de reducida dimensión. Estas empresas suponen el 98% del total, ya que son las que facturan menos de cinco millones de euros, lo que significa que las tasas serán abonadas por ese 2% formado por íntegramente por grandes empresas. Para el cálculo de la cantidad se aplicarán unas tasas fijas y otras variables, en función de la cuantía del procedimiento judicial. La base imponible de los de cuantía indeterminada será de 18.000 euros.
En el ámbito judicial, las reacciones a la medida adoptada por el partido del Gobierno se alejan bastante del consenso. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial señaló ayer que una mayoría cualificada del Consejo apoya las tasas para las empresas y que con ello se racionaliza el servicio público de la justicia.
De opinión similar es el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Calderón, para quien 'es correcto el establecimiento de un precio como contraprestación a un servicio público, sobre todo cuando es utilizado de manera muy recurrente por empresas para la defensa de sus intereses'. No obstante, en opinión de Calderón, 'al final las grandes empresas terminarán repercutiendo a los clientes' este mayor coste.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Luis Rascón, afirma que todo lo que suponga autofinanciar la justicia puede ser bueno, 'siempre que no afecte a quienes menos tienen'. En todo caso, Rascón se queja de que las tasas judiciales se vayan a introducir por el procedimiento de enmendar la Ley de Acompañamiento en el Senado. 'No ha habido lugar para el debate y para asegurarnos que esas tasas no van a afectar negativamente a los ciudadanos'. Sin embargo, del otro lado de la barrera, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, considera que ' por principio la justicia debe ser gratuita. No obstante podría ser partidario de que afectara a grandes litigantes de la jurisdicción mercantil'. Y más rotundo se muestra el decano del colegio de abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, quien considera que es 'una medida verdaderamente difícil de sostener' y manifiesta su deseo de que 'una mayor reflexión llevara a su retirada'.
Más tajantes se muestran en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 'La medida no se ha consensuado', asegura Belén Veleiro, asesora jurídica de las Cámaras de Comercio. 'Además, habría que estudiar otros métodos antes de introducir una tasa y potenciar medidas alternativas como el arbitraje y la mediación', señala Veleiro.
Por su parte, el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Javier Barrero, cree que es insultante que se haya evitado el debate parlamentario sobre la conveniencia de las tasas judiciales. 'El ministro aseguró hace dos meses que no iban a imponer tasas judiciales y no ha dicho la verdad. Además, aunque las tasas sean para las empresas, éstas las repercutirán en sus precios, por lo que indirectamente serán los consumidores quienes las paguen'.
'Es razonable que las tasas se limiten a las empresas y a los órdenes civil y contencioso-administrativo', explicaba ayer el director de la división contenciosa de Cuatrecasas, Antonio Hierro, quien considera que el impacto económico de la medida se reducirá por la posibilidad de las empresas de deducir esos gastos. Por el contrario, Joaquín García Romanillos, socio de Gómez Acebo, cree que la medida es discriminatoria y augura que elimina 'la conquista que supuso para nuestro sistema judicial el establecimiento de la justicia gratuita'.