Financiación local
Jordi de Juan i Casadevall destaca la trascendencia de los cambios en el sistema de financiación local que prepara el Gobierno. El autor asegura que el nuevo marco solucionará muchos de los problemas de los ayuntamientos
La historia de la Hacienda local española es la historia de una institución afectada por una endémica insuficiencia financiera. De hecho, la Administración local ha sido siempre una suerte de collega minor dentro del conjunto de Administraciones públicas. O dicho en román paladino, el enanito pobre de nuestra Administración pública.
El dato no deja de ser paradójico, sobre todo si atendemos a la articulación de los diferentes niveles de acción administrativa en base al principio de subsidiariedad, a la proximidad de sus servicios y la inmediatez de sus funciones para los ciudadanos.
No en balde, suele decirse que nuestros ayuntamientos están en primera línea de fuego a la hora de prestar servicios y de recibir quejas, demandas o reclamaciones de los ciudadanos. Por ello, la Carta Europea de Autonomía local, quizás la realización más conocida del Consejo de Europa junto con el Convenio de Roma, reconoce ese principio de subsidiariedad y de proximidad.
El nuevo modelo supondrá una sensible mejora para los municipios turísticos afectados por la disociación entre población de derecho y flotante
En nuestro ordenamiento constitucional se consagran los principios de autonomía local y de suficiencia de sus recursos financieros. Ambos están profundamente interrelacionados entre sí. Sin autonomía financiera no hay autonomía local, sin solidez de sus recursos económicos no existirá un poder local fuerte.
De ahí la extraordinaria importancia del acuerdo de financiación local al que han llegado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de la Nación, que recoge esencialmente el nuevo esquema de financiación local incorporado por el proyecto de Ley de Haciendas Locales, actualmente en trámite parlamentario.
El proyecto nació con la vocación de cumplir un compromiso político del Gobierno y del partido que lo sustenta de suprimir un impuesto manifiestamente injusto como es el impuesto de actividades económicas (IAE) para los autónomos y para las pymes con cifra de negocios inferior a un millón de euros.
Sin embargo, el proyecto es consciente de que, suprimiendo este importante recurso financiero de la Hacienda local, hay que arbitrar una serie de mecanismos para nutrir de otros recursos a nuestros ayuntamientos. Y es en este sentido que el proyecto prevé un régimen de financiación aplicable a partir de 2004 que distingue entre grandes municipios y pequeños municipios.
Para los primeros arbitra la participación municipal en los tributos estatales de mayor potencial recaudatorio, como son el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, y al mismo tiempo garantiza la prestación de servicios municipales a través de la creación de un Fondo Complementario de Financiación. Para los pequeños se prevé una transferencia directa del Estado en función de una serie de variables como son la población, el esfuerzo fiscal y la inversa de la capacidad tributaria.
Para evitar el desajuste financiero que podría ocasionar en 2003 la supresión del IAE, se incluye un crédito presupuestario ampliable en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio.
El nuevo sistema se complementa con una apuesta decidida por la autonomía financiera. Es decir, por incrementar el poder financiero local mediante el reconocimiento de un mayor grado de capacidad normativa a los entes locales que les permitirá diseñar su propia política fiscal, y mediante la cesión de un porcentaje de ciertos tributos estatales a los que antes me refería.
Sobre estas bases legales se ha llegado a un acuerdo con la FEMP para incluir los municipios medianos y los turísticos dentro de los municipios que van a beneficiarse de la cesión de un porcentaje de la recaudación de los tributos estatales. Uno de los aspectos que más llaman la atención es la sensible mejora que experimenta la financiación de los municipios turísticos afectados por una disociación entre la población de derecho y la población flotante. Con la cesión de un porcentaje de los tributos que gravan el consumo se solventa la precariedad financiera que castigaba las arcas municipales por la afluencia de turistas y el considerable incremento de servicios que debían afrontar.
Lejos queda la actitud demagógica del primer partido de la oposición cuando anunciaba una 'actitud de combate' y denunciaba la supuesta falta de diálogo del Gobierno. Dos no dialogan y no llegan a acuerdos si uno no quiere. Y éste es el caso del Partido Socialista, no de la FEMP. La FEMP estuvo presente en el comité de expertos que alumbró el anteproyecto, ha existido un puente de diálogo en todo momento, y fruto de ello es el acuerdo suscrito el pasado jueves.
El belicismo anunciado por el Partido Socialista no ha dado ningún fruto. El belicismo nunca da réditos políticos, el diálogo sí. Esperemos que en esta ocasión, el Partido Socialista, a diferencia de lo que ocurrió con la financiación autonómica, sea capaz de respetar el compromiso adquirido por sus representantes en la FEMP. Ganarían algo de credibilidad.