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GIL CARLOS RODRÍGUEZ IGLESIAS

'El tribunal ha hecho del mercado único una unión de ciudadanos'

La Comunidad Europea no tiene otra fuerza que el Derecho', afirma rotundo el presidente del Tribunal de Justicia de la UE, Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Este español de 56 años, presidente del tribunal desde 1994, reivindica la jurisprudencia que ha hecho de Europa una 'unión de pueblos y ciudadanos, no sólo de Estados'. Asegura, sin embargo, que 'el tribunal no marca la agenda política', sólo obliga a cumplirla.

Pregunta. Usted habla de una Europa de los ciudadanos, pero el tribunal limita el derecho de los particulares a apelar ante Luxemburgo.

Respuesta. El Tratado de la UE limita la posibilidad de los particulares para recurrir contra actos legislativos generales. Esto no es algo escandaloso ni específico de la Comunidad Europea, sino que ocurre en muchos países. Estimo que globalmente el sistema es satisfactorio y permite una protección jurisdiccional efectiva. Creo que se podría mejorar, pero con mucha prudencia, para evitar una avalancha de recursos que obligue al tribunal a concentrarse en la estimación o no de los mismos. Necesitamos una reforma sofisticada, que diferencie entre los actos legislativos de la Comunidad (como las directivas) y los administrativos (reglamentos). En estos últimos se podría permitir un mayor control por parte de la ciudadanía.

P. Se define al tribunal como el auténtico motor de la integración europea.

R. No comparto ese análisis. El tribunal no fija la agenda política, sólo hace cumplir el Tratado de la UE, que es un texto de integración. El tribunal lo que ha hecho ha sido dar una interpretación muy, muy amplia a las cuatro libertades fundamentales del mercado único: libre circulación de personas, servicios, capitales y mercancías. Y con la interpretación de esas libertades, que se habían concebido de manera, digamos, funcional para el mercado, el tribunal las ha convertido en derechos de los ciudadanos. La Comunidad Europea ya no es sólo una unión de Estados, sino también de pueblos y ciudadanos.

P. ¿Se convertirá la institución que preside en el Tribunal Constitucional de la Unión Europea?

R. En los años noventa ha adquirido importancia la labor constitucional del Tribunal porque ha ejercido el control sobre las competencia y poderes de la Comunidad Europea, delimitándola en relación con los Estados miembros. Si se llega a una constitución europea, esa misión se reforzará, pero el objetivo no es convertirse en un tribunal constitucional, porque el sistema actual ha funcionado muy bien basándose en una colaboración en términos igualitarios con los poderes judiciales nacionales. El tribunal tiene la última palabra en derecho comunitario, pero no tiene una superioridad jerárquica respecto a las jurisdicciones nacionales.

P. ¿Funcionará el tribunal en una Unión de 25 Estados?

R. Hubiéramos preferido un número fijo de jueces y no uno por Estado miembro, como va a ocurrir. Sin embargo, no creo que haya problemas con la preparación de los jueces de los nuevos miembros, aunque en algunos países puede haber problemas para la aplicación del derecho comunitario.

'Nunca he recibido presiones políticas'

'Nunca dictaríamos una sentencia contra un Estado el día de su fiesta nacional', señala sonriente Gil Carlos Rodríguez Iglesias, para subrayar que 'jamás he recibido una llamada de un primer ministro europeo para presionarme sobre algún caso'. El presidente del Tribunal de Justicia de la UE no cree, sin embargo, 'que los jueces vivan en un mundo ideal sin ninguna visión política'. Reconoce que entre los 15 jueces del tribunal hay 'unos más entusiastas que otros con la integración europea', y hay casos 'excepcionales', en los que caben jurídicamente sentencias con mayor o menor tono federalista. En cuanto a la designación de los magistrados, afirma que 'no hay ningún sistema perfecto y todos son susceptibles de utilización política partidista. Ahora somos elegidos por los Gobiernos que están sometidos al control democrático en sus respectivos países y creo que la legitimidad del tribunal es aceptada por los Estados y los ciudadanos. Dicho esto, las costumbres cambian. En España, el Congreso de los Diputados se ha pronunciado sobre la designación del último magistrado del Constitucional. Y el Parlamento Europeo está pidiendo intervenir en la designación de los jueces del tribunal'. Esta institución descarta de momento la publicación de votos particulares porque llevaría a 'analizar el voto de cada juez en función de su nacionalidad, creando un problema de imagen para el tribunal'. El consenso 'permite reflexionar, persuadir y cambiar de opinión'.

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