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El sector pide un plan

Piqué sigue a la búsqueda de un plan de Internet

El ministro de Ciencia y Tecnología provoca la muerte de Info XXI y genera desconfianza por la falta de planes concretos

Son tres signos, tres señales que han hecho que Josep Piqué, nombrado en julio nuevo ministro de Ciencia y Tecnología en sustitución de Anna Birulés, provoque una gran desconfianza en el sector de las nuevas tecnologías e Internet. Primero, su inesperada ausencia de Expointernet, la mayor feria sobre la Red organizada el pasado 5 de octubre por la Asociación de Usuarios de Internet en Barcelona.

Piqué, quien debía inaugurar el evento, se excusó pocas horas antes por motivos aún desconocidos y dejó en manos de Borja Adsuara, director general para la Sociedad de la Información y hombre de confianza de Anna Birulés, la apertura de la feria. Adsuara sería cesado pocos días después.

Más tarde, el 12 de octubre, Piqué debía pronunciar una conferencia en el marco de ETRE 2002, un evento anual celebrado en Sevilla. La importancia del acto radicaba, sobre todo, en que el ministro iba a dar la primera charla tras su nombramiento. El sector esperaba con expectación las palabras del nuevo responsable de Ciencia y Tecnología en momentos tan críticos como los actuales, con las ventas de ordenadores cayendo en picado, un estancamiento tanto en el crecimiento de internautas como en el de usuarios de banda ancha, la esperanza del UMTS perdida definitivamente y una ola de despidos tecnológicos invadiendo toda Europa. En Sevilla se encontraban las personalidades más ilustres de Silicon Valley: Craig Barrett, presidente de Intel; Charles Wang, de Computer Associates; Tim Koogle, director ejecutivo de Yahoo, y Rob Glaser, máximo responsable de Realnetworks, fueron algunos de los que hablaron, aparte de los principales ejecutivos de empresas tecnológicas españolas. Piqué salió precipitadamente de la sala de conferencias minutos antes de pronunciar su charla. 'Problemas de protocolo', aseguraban en el ministerio.

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'No se hará nada hasta que acabe la legislatura', creen en la Asociación de Usuarios de Internet

Piqué no quiere heredar errores ajenos y es probable que suprima de Info XXI hasta el nombre

Finalmente, lo que ha dejado atónita a la mayor parte de la industria tecnológica española y a las asociaciones de usuarios es la creación, hace unos días, de una comisión especial de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información. La tarea expresa de esta comisión será 'analizar la problemática que la implantación de la sociedad de la información conlleva, tanto para las pequeñas y medianas empresas como para la sociedad en general'. Tras el informe que realice la comisión, 'se emprenderán medidas por el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en sus diferentes planos de actuación'.

En la práctica, todo lo anterior supone el definitivo abandono del plan Info XXI, que el propio Aznar inauguró en enero de 2001.

'Parece que quieren entretener para no hacer nada hasta que termine la legislatura', afirma Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI). 'Lo que sorprende es la creación de esa comisión. Si se quiere desarrollar la sociedad de la información, todo eso está ya debatido. En el sector tenemos muy claro lo que hay que hacer, sólo hay que ponerse a trabajar de una vez en lugar de seguir debatiendo y analizando'.

La AUI, al igual que las demás asociaciones de internautas, ya había entregado a Anna Birulés una lista de propuestas para reducir la brecha que separa a España con el resto de Europa. 'No se ha hecho nada', asegura Pérez Subías. 'Pienso que con el anterior equipo había iniciativas, pero no se llevaron a la práctica porque no había recursos. Ahora no hay recursos ni iniciativas'.

También está siendo muy criticada la composición del comité. En él no ha sido incluida ninguna asociación de internautas ni ningún representante de los Gobiernos regionales, que podrían, más que cualquier empresa, articular las demandas de la sociedad y detectar por dónde hay que ampliar la oferta tecnológica del país. La comisión, cuya presidencia corre a cargo de Juan Soto (presidente de honor de Hewlett-Packard España), está integrada por otras nueve personas procedentes de grandes empresas: Telefónica, IBM, La Caixa, Bankinter, Bassat Ogilvy & Mather, Auna Cable y Sanitas, además del presidente de la patronal tecnológica Aniel. Fuera del mundo empresarial, en la comisión sólo figura el rector de la Universidad Oberta de Cataluña.

Sospechosamente, según afirman varias voces, se trata de algunas de las compañías que en su momento financiaron la puesta en marcha de Info XXI y varias de las que se han llevado los contratos más jugosos que ha ido convocando la Administración en estos dos años. El error que se cometió con Info XXI, de recurrir a la iniciativa privada ante la falta de fondos por parte del Gobierno, se está volviendo a producir ahora.

'Los intereses de estas grandes corporaciones son exclusivamente mercantiles', afirma el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). 'La expansión de la sociedad de la información entre los empresarios ha sido requerida en exclusiva a las Cámaras de Comercio, las cuales, con muy pocas excepciones, difícilmente representan a las medianas y grandes empresas, pero, en todo caso, en absoluto a los microempresarios y autónomos, sector al que debería ir dirigido con prioridad'. Por ese motivo, la UPTA, al igual que las demás asociaciones que no han sido invitadas a formar parte de la comisión, pide que se abra una línea de consulta para que puedan expresar también sus opiniones.

La primera reunión está prevista para finales de noviembre, y sus conclusiones no saldrán hasta dentro de varios meses como mínimo, con lo que las primeras acciones puede que no se tomen nunca en esta legislatura. Es lo que opina un empresario del sector, muy vinculado a la Administración, que prefiere ocultar su nombre. 'El foco de atención del nuevo gabinete está sólo en el tema audiovisual', piensa este directivo. 'Nadie sabe cuánto tiempo permanecerá Piqué en el ministerio, más interesado por las elecciones catalanas, y además quedan apenas dos años para el final de la legislatura. Es muy poco probable que se embarque en grandes reformas o emprenda nuevos planes para impulsar la sociedad de la información'.

Lo que también está claro es que Josep Piqué no quiere asumir herencias ajenas más o menos envenenadas, como el plan tecnológico Info XXI, del que el ministro puede que entierre incluso hasta el nombre, según fuentes cercanas a Ciencia y Tecnología. A punto de cumplir dos años, Info XXI no ha logrado sacar a España de la cola de los países europeos en ninguno de los indicadores que miden el grado de implantación e innovación tecnológica.

En algunos aspectos, como en inversión en formación o en número de patentes tecnológicas, España se encuentra en los mismos niveles de hace cinco años. El crecimiento del número de usuarios de Internet se ha estancado en poco más de siete millones desde principios de año, según la última oleada del Estudio General de Medios (EGM). También la banda ancha, que parecía ser el tirón al que se aferraba la industria, lleva varios meses sin registrar crecimientos significativos. Fomentar Internet en las escuelas, alfabetización digital, programas de subvención de ordenadores, modernización de la red pública... pocos de los grandes proyectos tecnológicos que quiso poner en marcha Anna Birulés se han iniciado. El partido socialista, que lleva exigiendo la ejecución presupuestaria de Info XXI desde principios de año, calcula que los proyectos emprendidos no llegan al 50% del total.

Desde que Piqué asumió el cargo, sólo se ha lanzado un programa relacionado con el impulso de la sociedad de la información, el proyecto Internet en las bibliotecas públicas, presentado hace dos semanas, y que, con una inversión de 38 millones de euros, prevé desarrollar una red de puntos de acceso a Internet en las más de 4.000 bibliotecas españolas y modernizar las herramientas de gestión internas. Significativamente, en la presentación del plan se omitió mencionar la palabra Info XXI, cuando el plan incluía expresamente entre las 21 acciones a emprender la modernización de las bibliotecas y su informatización.

Nuevo equipo para evitar polémica

Piqué se ha rodeado de un nuevo equipo, ante la polémica que generó el nombramiento por Anna Birulés de Borja Adsuara, que no es funcionario, como director general para la Sociedad de la Información. La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información recurrió el real decreto que permitía el nombramiento de alguien que no fuera funcionario para desempeñar ese cargo y el Tribunal Supremo anuló esa norma. Tras varias semanas con el puesto vacante, el Consejo de Ministros volvió a aprobar otro real decreto que permitió a Adsuara volverse a incorporar a su cargo.

El nuevo titular de Ciencia y Tecnología parece querer evitar ese revuelo, y ha elevado al cargo de Adsuara a Leopoldo González Echenique, un funcionario procedente del Cuerpo de Abogados del Estado. Destinado en los servicios de Abogacía del Estado en Barcelona y en los ministerios de Interior y Economía y Hacienda, el nuevo responsable de impulsar la sociedad de la información no está especializado en temas tecnológicos. Aunque, según fuentes cercanas al ministerio, González Echenique ha sido nombrado, sobre todo, por su dominio de los temas jurídicos. En enero está previsto que se elabore una nueva ley audiovisual, principal encargo de Aznar a Piqué. González Echenique será uno de sus cocineros.

Por el momento, Echenique también está intentando poner un poco de calma con relación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), y quiere reducir de un año a seis meses la obligación impuesta a los proveedores de Internet de retener datos de navegación de los usuarios. 'Los cambios estarán pronto y darán tranquilidad al sector de Internet', asegura Echenique. Ahora falta lo más difícil, que ese mismo empeño se aplique en el resto de cosas que siguen sin funcionar en el sector.

El PP, dividido ante la Ley de Internet

Pocas veces una ley ha conseguido generar tantas opiniones en contra como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), más conocida como Ley de Internet, que entró en vigor el pasado 11 de octubre.A las duras críticas de las diversas asociaciones de internautas, proveedores de acceso a Internet, empresas de comercio electrónico y de partidos políticos, como el PSOE, se suman ahora también los ministerios. En un informe encargado por Ciencia y Tecnología a los demás ministerios y presentado ayer en el Congreso, la LSSI sale muy mal parada. Sobre todo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya conclusión, en un informe firmado por Engracia Hidalgo, ex directora de programación económica de Cultura, es muy negativo. El informe califica la ley de 'cajón de sastre' y plantea la posible colisión con la ley de protección de datos. También se habla de 'sanciones desproporcionadas'. Otro informe, esta vez del subdirector general de Información Bibliotecaria, advierte de la 'interpretación dudosa de la norma' y se plantea si quizás está dificultando la seguridad jurídica. Estos informes negativos constatan la división de opiniones que existe en el Gobierno en cuanto a la LSSI. Borja Adsuara, su creador, ha sido cesado de su cargo y ahora es el nuevo director general de para la Sociedad de la Información quien deberá introducir, si procede, algún cambio en la controvertida ley. El texto final de la ley, aprobado el pasado 11 de julio tras casi dos años de tramitación, tipifica diversos aspectos de la actividad cibernética, desde el comercio o la contratación electrónica hasta la resolución extrajudicial de conflictos o los códigos voluntarios de conducta. El desarrollo de la ley estuvo plagado de polémica, sobre todo los artículos que se refieren a la obligatoriedad de los sitios webs de registrar los dominios bajo los que operan en la Red, la exigencia a los proveedores de almacenar los datos de navegación de sus clientes o la posibilidad de que la Administración pueda cerrar un sitio web, y no un juez como hasta ahora, extremo negado por Ciencia y Tecnología.

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