Las Sicav siguen en pie de guerra
El proyecto de Ley de Reforma del IRPF ha sacudido, desde que se conoció el borrador, los cimientos del sector de las instituciones de inversión colectiva, a raíz de uno de los cambios que recoge y con cuya esencia -aunque no con su concreción- están de acuerdo todas las gestoras. El texto de la ley, que debe debatir en breve el Pleno del Congreso, contempla la exención fiscal por el cambio de un fondo de inversión a otro. Hasta el próximo 1 de enero, el traspaso de participaciones de una a otra institución de inversión colectiva se considera como un reembolso, con lo que el partícipe debe tributar por las plusvalías. La nueva ley suprimirá este denominado peaje fiscal, que está llamado a dinamizar el mercado de los fondos de inversión a través de una mayor competencia.
El problema, la polémica que se ha suscitado, reside en la redacción del artículo que se refiere a esta exención fiscal -diferimiento, recuerdan algunos, ya que el partícipe tributará una vez que se salga totalmente de los fondos-, según la cual se establece una distinción entre fondos y sociedades de inversión. En un primer borrador, el proyecto de ley contemplaba la exención fiscal por el cambio de fondo de inversión, pero dejaba fuera las sociedades de inversión, es decir, las SIM, las Simcav y las Sicav. La dos primeras son sociedades patrimoniales españolas utilizadas por los grandes patrimonios, pero la tercera es la figura a través de la cual las gestoras extranjeras comercializan mayoritariamente sus fondos en España. Y fueron estas últimas las que pusieron el grito en el cielo al conocer el borrador, por considerar que lo que pretende la ley es defender a las gestoras españolas frente a las extranjeras.
Han sido varios meses de conversaciones entre las gestoras extranjeras y la Administración de cara a evitar lo que aquéllas consideran una discriminación. En cierto sentido, dichas conversaciones han dado sus frutos, por cuanto en la redacción actual de la ley quedan incluidas las sociedades de inversión, pero bajo una serie de condiciones, como son que el traspaso que se realice desde una sociedad a otra o a un fondo sólo se permitirá si el compartimento de la sociedad (las Sicav se componen generalmente de varios compartimentos o subfondos) tiene más de 500 socios españoles y siempre que el contribuyente no participe en más del 5% del capital de ese compartimento. Se trata de un requisito que no cumplen muchas de las Sicav.
El argumento esgrimido por el Ministerio de Hacienda es que con estos límites se trata de evitar que se beneficien de la exención fiscal las SIM y las Simcav, vehículo utilizado por los grandes patrimonios y familias de elevado nivel económico para canalizar sus inversiones, debido a su favorable trato fiscal. 'Eso es lo más irónico de todo', sostiene David Burns, director general de Schroders en España. 'A las Simcav familiares no les afecta la ley porque nadie suele salirse de una sociedad propia para entrar en otra'.
Las gestoras internacionales han estado calladas mientras duraban las conversaciones, según ellas debido a una mordaza tácita impuesta por el Ministerio de Hacienda, que indirectamente amenazó con cesar la negociación si seguían apareciendo declaraciones de queja en los medios de comunicación. El veto parece que ya se ha levantado y las entidades extranjeras insisten en que, pese a la flexibilización de la actual redacción de la ley, persiste una discriminación hacia ellas.
'El hecho de poner un límite al número de inversores o partícipes españoles es un obstáculo, se mire por donde se mire', apunta Ramón Esteruelas, director de clientes institucionales de ING Investment Management. 'Es una situación que te impide competir. Muchos fondos españoles tampoco tienen 500 partícipes y son fondos dirigidos al público en general que se beneficiarán de la exención fiscal'.
Desde que comenzara el culebrón sobre el cambio de fondo ha habido distintas enmiendas a la ley que han ido reduciendo las exigencias a las Sicav. En un principio se las excluía, para después fijar un límite de 5.000 partícipes españoles cada compartimento. Límite éste que no cumplía ninguna sociedad. Posteriormente se barajó la cifra de 1.000 inversores, que finalmente quedó en 500, en la enmienda que introdujo el Grupo Popular en el Senado. 'El proceso entero ha sido bastante penoso', afirma David Burns. 'La diferenciación no debió existir. Ha sido complicado hacer entender las diferencias entre Sicav y SIM y Simcav y hemos notado falta de apoyo de algunos sectores, incluido Inverco la patronal del sector'. Burns asegura que ha habido una fuerte presión de la gran banca española tanto a Inverco como a la Administración para evitar equiparar fiscalmente a fondos y Sicav.
El texto de la ley no es definitivo y podrían darse más cambios a favor de las Sicav. Una enmienda de CiU en el Senado, por ejemplo, proponía que el límite de partícipes del subfondo de las Sicav fuera de 100, dado que ése es el límite estipulado por ley para la constitución de un fondo de inversión. Muchas gestoras consideran la medida positiva, pero recuerdan que aun así sigue habiendo discriminación. 'Si 100 partícipes es el límite legal para la constitución de un fondo, para eso no pones nada', sostienen en Sabadell Banca Privada.