Las rentas del trabajo soportan el 75% del IRPF a pesar de la reforma de 1999
El Ministerio de Hacienda hizo pública ayer la memoria de la Administración tributaria correspondiente a 2000, en la que se incluyen datos detallados del primer ejercicio (los ingresos obtenidos en 1999 y declarados en el año 2000) en el que se aplicó la actual reforma del IRPF (la que entró en vigor en enero de 1999).
En la memoria, ampliamente demandada por partidos políticos y analistas económicos, se desagrega el informe previamente elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) sobre los efectos del cambio de normativa. Según el Ministerio de Hacienda, la reforma de 1999 supuso una reducción del tipo efectivo del impuesto, del 15,13% al 13,01%, que en términos de renta para los contribuyentes se acerca a 5.000 millones de euros. La disminución media del impuesto fue del 13,9%.
Según sus cálculos, el IRPF se hizo más progresivo al reducirse en 7,9 puntos la aportación de las rentas bajas y medias, y elevarse en cinco puntos la de las altas. Los contribuyentes con rentas hasta 21.000 euros anuales, que en 1998 acaparaban el 61,8% de los rendimientos netos del trabajo del IRPF, pasaron a acaparar sólo el 52,4%.
La reforma de 1999 ha implicado también un cambio en la estructura de la renta declarada, aunque permanece el pilar básico, que no es otro que las rentas derivadas del factor trabajo. Y es que el IRPF sigue siendo un impuesto básicamente aplicado y basado en los trabajadores.
La reforma sólo ha reducido en 4,7 puntos la participación de las rentas del trabajo en el impuesto, pasando éstas del 79,6% al 74,9%. Es decir, tres de cada cuatro euros declarados en el impuesto provienen del trabajo.
La reforma ha provocado, no obstante, un ligero aumento del peso en el tributo de los ingresos por ganancias patrimoniales (1,19 puntos), actividades económicas (1,44 puntos) y por capital inmobiliario (2,35 puntos).
La recaudación por rendimientos de capital mobiliario prácticamente mantiene su peso, con un pequeño avance, del 3,5% al 3,9% del total del impuesto. Por lo que se refiere a las plusvalías declaradas en el impuesto, éstas alcanzaron 9.294 millones de euros en 2000, cuatro veces más que en 1996.
Ayudas a la vivienda
Por otra parte, la reforma del IRPF de 1999 modificó el sistema de ayudas fiscales a la vivienda, incentivando la adquisición de inmuebles pero perjudicando, al mismo tiempo, el régimen de alquiler (desaparecieron las bonificaciones a los inquilinos). La ampliación de las deducciones por compra de vivienda benefició a las rentas más bajas, según Hacienda. Los contribuyentes de menos de 21.000 euros anuales elevaron nueve puntos su participación en las bonificaciones fiscales, beneficiándose del 65,9% del total de las deducciones por vivienda.
En la presentación de la citada memoria, el director general de Tributos, Miguel Ángel Sánchez, justificó ayer el retraso en la publicación de los datos por los 'recursos limitados' de los que dispone el Ministerio de Hacienda para la elaboración 'de un informe de esta complejidad'.
En las últimas semanas, el PSOE ha presentado varias quejas en el Congreso de los Diputados por lo que considera 'ocultación' de datos fiscales por parte de la Administración.
Tanto la memoria tributaria, que elabora el Ministerio de Hacienda, como la anual de la Agencia Tributaria, se han presentado con más de un año de retraso en los últimos ejercicios.
Baja el límite conjunto de renta y patrimonio al 60%
La Comisión de Economía y Hacienda del Senado aprobó ayer las alrededor de 40 enmiendas parciales presentadas por el PP al proyecto de Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como algunas otras pactadas con CiU y Coalición Canaria, entre las que destaca una transaccionada por las tres formaciones por la que se rebaja el límite conjunto del IRPF y patrimonio desde el 70% actual hasta el 60%. El portavoz económico del PP en el Senado, Damián Caneda, explicó que tras la rebaja sucesiva del tipo máximo del IRPF era 'coherente' rebajar el tipo máximo de patrimonio. Asimismo, el pago del servicio de guardería por parte de las empresas a sus trabajadores pasará a considerarse retribución en especie y, por tanto, exento de tributar, según otra enmienda transaccionada entre el PP y CiU incluida ayer en el Senado.