Empresas españolas en El Salvador denuncian que son discriminadas
Empresas españolas con proyectos en El Salvador denuncian que sectores privados y del Gobierno del país centroamericano discriminan a los inversores españoles, con lo que incumplen el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri).
Entre los proyectos españoles que llevan varios años paralizados destaca el de Icasur e Inceysa, para implantar el sistema de Revisión Técnica de Vehículos (RTV) y la medición de gases. Un plan que, según las empresas afectadas, fue considerado 'muy urgente por la opinión pública, las empresas, las ONG y los ministerios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores salvadoreños' .
El propio Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador ha pedido explicaciones al Viceministerio de Transporte sobre la paralización del proyecto desde que Icasur e Inceysa ganaran la licitación a finales del año 2000 y en un memorándum enviado al Ministro de Hacienda, Juan José Daboub, el 22 de febrero de este año, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela de Ávila, le pide que remita a la asamblea legislativa el proyecto para establecer las tarifas de la RTV y le recuerda la importancia de mantener buenas relaciones con los inversores españoles y de respetar los contratos firmados.
La ministra también menciona el Appri, que establece la constitución de un Tribunal de Arbitraje para resolver situaciones de este tipo, y que sería conveniente evitar para no sentar 'un precedente negativo con inversionistas españoles'.
Calvo es otra de las empresas españolas que está llevando a cabo un importante proyecto de inversión en el país, valorado en unos 40 millones de euros. Se trata de la construcción de una planta atunera en Punta Gorda, en el Pacífico oriental, que generará unos mil empleos nuevos.
Manuel Calvo, el consejero delegado de la compañía, afirma que el principal problema con el que se han encontrado ha sido los retrasos administrativos, aunque descarta malas relaciones el Gobierno.