La normativa de cajas, política de Estado
Para Comisiones Obreras las cajas de ahorros son una pieza clave de la Economía Social y su regulación se debe incluir en lo que se denomina Política de Estado. Es decir, requiere de estabilidad normativa y del mayor consenso político y social posible.
Así pues, cuando grupos de interés concretos (económicos, financieros o mediáticos) han venido alentando la necesidad de transformarlas, no podemos por menos que llamar la atención sobre el riesgo de apropiación por parte de unos pocos de algo que es de todos: la mayor desamortización de un bien social desde los tiempos de Juan Álvarez Mendizábal.
De manera sucesiva en 1993, 1997 y, recientemente, en 2001, en CC OO promovimos un debate público y abierto a cuantas organizaciones y personas están presentes en las cajas, que tiene un hilo conductor: la defensa, frente a las pulsiones privatizadoras, de su función social. No sólo a través de la obra social, sino también de su actividad financiera: la garantía de no exclusión social que representan; evitar la concentración oligopólica del mercado financiero y el cierto papel anticíclico que juegan en la financiación del crédito de las familias y empresas.
Esta implicación con la economía social conlleva dos riesgos que han sido aprovechados, de nuevo, por quienes promueven la apropiación: el peso que pueda tener la intervención de organismos públicos en las decisiones de negocio y el paulatino consumo de recursos propios derivado del crecimiento de estas entidades.
Y es en este punto donde desde diversas instancias de las cajas, con la CECA a la cabeza, se llama la atención sobre la necesaria delimitación de riesgos: hay que clarificar ante la Comisión Europea que las cajas de ahorros no son empresas públicas (desde CC OO pusimos nuestro grano de arena entrevistándonos con el Comisariado para la Competencia) y las cajas se tienen que dotar de instrumentos de incremento de recursos propios que faciliten su desarrollo, sin cuestionar la actual naturaleza jurídica.
Sin embargo, la Ley Financiera, que en principio debía de introducir estas medidas, se perfiló tras su paso por el Congreso como una gran amenaza. A través de enmiendas y detrás de espesas cortinas de humo (como la polémica de la edad límite, que no fue tal ni en la Ley de Madrid, ni en la de Andalucía), se cuelan de rondón los derechos políticos de las cuotas participativas. Para CC OO esto supone una medida de gran calado antisocial y lo consideramos como un motivo añadido, en este sector, para la huelga general del 20-J.
Pero en CC OO no nos limitamos sólo a conformar una opinión y agitar, sino que optamos por interpelar a los grupos parlamentarios y proponer modificaciones que, en la tramitación de la Ley en el Senado, evitasen los mayores y más directos riesgos para el estatus jurídico de las cajas.
Así, la supresión de los derechos políticos de las cuotas participativas, la no obligatoriedad de la creación del sindicato de cuotapartícipes, que no sea básica la manera de elegir a los representantes de los impositores y aumentar el margen de representación de los trabajadores, son medidas que propusimos y que alejan, aunque no evitan, el riesgo de privatización derivado de la existencia de las cuotas.
Para CC OO el debate de las cuotas (llámense cuotas, deuda o certificados de capital primario, como en Noruega) no es una polémica nominativa, sino de fondo; qué tipo de instrumento, cómo se define y determina y, sobre todo, qué estrategia de negocio van a financiar.
Pero quizá el mayor de los peligros desde la aparición de las cuotas en 1988 era su indefinición. Siempre un riesgo latente, como fantasma, una regulación inestable, sin consenso, exenta de compromiso para con la actual naturaleza jurídica y, por lo tanto, susceptible de modificaciones unilaterales, poco públicas (un reglamento, un decreto autonómico,...), que las doten de derechos políticos.
De ahí que reclamemos la recuperación del consenso alcanzado por los principales grupos políticos en la tramitación parlamentaria acordando la supresión del sindicato de cuotapartícipes, la rebaja del porcentaje sobre recursos propios, la rebaja del tope del 5% de suscripción para personas físicas o jurídicas y el aumento hasta el 20% de la representación laboral.
Esperamos, pues, la recomposición de dicho consenso, las cajas lo merecen, y es fundamental para el desarrollo de esta ley en los estatutos de las cajas y en la normativa autonómica. CC OO lo seguirá muy de cerca, promoviendo iniciativas, teniendo una relación dialéctica con la realidad y trabajando siempre con la vista en el medio y largo plazo.
Quizá algunos lo denominen afán de protagonismo, nosotros simplemente les decimos que nadie nos va a limitar la capacidad de pensar y el anhelo de transformar la realidad desde la autonomía y la legitimidad que da representar intereses colectivos como una de las organizaciones con mayor implantación de la sociedad civil.