Chamartín es una playa
Madrid siempre quiso tener playa y puerto de mar. A falta de lo primero todavía se recuerda la carretera de la playa que enlazaba el parque sindical de Puerta de Hierro con lo que después sería la Ciudad de los Periodistas, ese gran proyecto inmobiliario capaz de llevar a la quiebra a la Asociación de la Prensa y de permitir a más de 400 asociados apropiarse de suculentas plusvalías, una vez puestos a salvo, eso sí, de la estafa de las hipotecas fraudulentas, ideadas por el llorado presidente Lucio del Álamo a quien sólo ha reconocido sus méritos el casino de Biarritz erigiéndole un busto como cliente distinguido. En cuanto al puerto de mar, se ha sustituido por el llamado puerto seco mayor de Europa, como es natural.
Pero volvamos a la playa. Recordemos que los del 68 en París decían que debajo de los adoquines estaba la playa. Y ahora aquí, 34 años después, aparece una playa, la de las vías del ferrocarril, surgida al hilo de la Operación Chamartín. Precisamente ayer se celebraba un consejo de administración de Renfe para ocuparse de esta playa. Su propósito es aprobar un documento de 'adaptación del documento de adecuación de 1997 al documento de adjudicación de 1994 de los terrenos de Renfe a DUCH (Desarrollos Urbanísticos de Chamartín, sociedad anónima participada por Argentaria y la intrigante Constructora San José). Puede parecer excéntrico pero el poeta Gerardo Diego anticipó esas visiones en unos versos a la insólita maravilla de Atienza en el corazón de Guadalajara donde vino a afincarse Luis Carandell, que comenzaban así: Atienza de los juglares/ alto navío de ruinas/ te traigo mis azahares/ llenos de espumas marinas/.
Ni los más viejos del lugar recuerdan una operación urbanística que haya generado más legislación ad hoc.
La última está todavía en el horno del Proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2003, donde se pretende otorgar manos libres para disponer de bienes propiedad de la Administración dejando sin efecto las limitaciones para su enajenación, asunto que fue comentado en esta misma columna hace algunas semanas y que fue glosado también en el suplemento inmobiliario de El País de fecha 1 de noviembre con el título Maquinaria legislativa a la medida. Se entiende que a la medida de Chamartín. La inmediatamente anterior se incorporó en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid promulgada en 2001. En su artículo 38 se establecía que en los suelos urbanizables deberían destinar al menos el 50% de las viviendas que sobre ellos se construyeran a las sometidas a algún sistema público: una parte que como máximo sería el 25% del total a edificar en la categoría de 'precio tasado' y el resto bajo la rúbrica de protección oficial.
Tranquilos, que enseguida llegamos a la playa, aunque para ello debamos remontarnos en el tiempo. El caso es que, desde el punto de vista legal, el suelo hasta entonces tenía diferentes calificaciones: urbano (consolidado o no consolidado), urbanizable y no urbanizable, que sólo podría ser el de especial protección. Veamos enseguida que los más de tres millones de metros cuadrados de terreno de la Operación Chamartín integraban dos clases de suelo: el rústico y el de la playa de las vías, es decir el afecto a lo que se denomina en el argot de sistemas generales.
En 1997 el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, el PGOUM para entendernos, calificaba de urbanos los terrenos de la citada operación excepto los propios de los sistemas generales, es decir los de la playa de vías, que por definición no podían generar edificabilidad alguna. Entonces se acude a una modificación en la citada ley de la CAM, cuya disposición transitoria sexta hace posible la declaración directa de esos terrenos de sistemas generales como suelo urbano y, por lo tanto, los deja exenta a la adjudicataria DUCH de la obligación que hubiera tenido de destinar el 50% de las viviendas sobre ellos edificadas a un régimen de protección.
La Operación Chamartín es como un tren imparable que va arrollando incluso las normas legales de obligado cumplimiento y en ese tren viajan también los sindicatos, de cuya actitud nada ha trascendido fuera de la supuesta complacencia. De todas formas conviene esperar hasta conocer qué han tenido que decir en el consejo de administración de ayer los dos vocales que representan a las centrales. El de UGT, Honorio Vázquez, que es también secretario general de la Federación del Transporte de su sindicato, y el de Comisiones Obreras, Antonio del Campo Navarro. La solución, el próximo viernes