La jueza Palacios investiga a Botín y Amusátegui
La jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha comenzado a tramitar una querella interpuesta por un accionista del SCH, el abogado Juan Francisco Franco, para averiguar si el presidente de la entidad, Emilio Botín, y el ex copresidente José María Amusátegui cometieron un delito societario al ocasionar un supuesto perjuicio económico a los accionistas del banco.
La magistrada también instruye el caso de las cesiones de crédito del Santander. El pasado mes de julio, en contra del informe del fiscal, confirmó la imputación de Botín y cuatro directivos más del entonces Banco Santander por delito fiscal y falsedad documental en relación con este caso, que comenzó a tramitarse a principios de los noventa. Su decisión fue recurrida y está siendo revisada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Según se relata en esta nueva querella, a raíz de la fusión del Banco Santander y el Banco Central Hispano en marzo de 1999 la presidencia de la nueva entidad estuvo compartida por Botín y Amusátegui con el compromiso de que este último dejaría el cargo en la junta general ordinaria del año 2002, coincidiendo con su 70 cumpleaños. De esta manera, Amusátegui cesaría de todos sus cargos y funciones y Botín asumiría de forma automática la presidencia única de la sociedad y del consejo de administración. Pero la renuncia de Amusátegui se adelantó un año (agosto de 2001), abandonando todos los cargos en los órganos directivos.
La querella explica que en las cuentas anuales del SCH correspondientes al ejercicio 2001, en el capítulo de retribuciones al consejo y en el apartado 'compromisos por pensiones y otros seguros', figura la cantidad de 209 millones de euros. Se añade una 'aclaración' según la cual el 'importe no incluye 43,75 millones de euros (7.280 millones de pesetas) satisfechos durante 2001 con carácter extraordinario y no recurrente'. Añade que más tarde se desveló que el dinero 'correspondía a la indemnización por el cese' de Amusátegui. Según el accionista y abogado Franco, los que salieron perjudicados con esta operación fueron los accionistas.
Basándose en la Ley de Sociedades Anónimas, los estatutos sociales del SCH y la doctrina del Tribunal Supremo, el autor de la querella concluye que 'no existe apoyo legal alguno que justifique el derecho a una indemnización a favor de los administradores de una sociedad anónima, incluso en el supuesto de que sean removidos sin justa causa'.
La jueza ha iniciado la práctica de las primeras diligencias para esclarecer los hechos denunciados. Ha ordenado oficiar al Registro Mercantil para que remita certificación de los estatutos sociales, de las cuentas anuales, del informe de auditoría sobre el ejercicio de 2001 del SCH y el acuerdo de fusión.
Solicita al Banco de España que informe, 'como órgano regulador, sobre los hechos denunciados'. Y por último, pide al SCH las actas de la junta general de accionistas en la que se aprobaron las cuentas anuales de 2001.