Prisión sin fianza para los responsables de la inmobiliaria CPV por presunta estafa
Los tres administradores de la promotora inmobiliaria CPV, acusados de un presunto delito de estafa a 1.200 familias que anticiparon dinero a esta promotora a cambio de viviendas en los nuevos barrios de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas, en Madrid, ingresaron ayer en prisión por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, Rosario de Fátima Espinosa. Los tres afirmaron desconocer los hechos que se les imputan y explicaron que era el padre de los dos últimos, Francisco García Moreno, director general de CPV, quien tomaba las decisiones de la empresa, ya que ellos, según declararon a la jueza, 'sólo estaban allí para formarse'. García Moreno, que no figuraba en la querella inicial y que según el abogado defensor se encuentra en Benidorm (Alicante), ha sido citado a declarar hoy como imputado.
Los tres administradores de la inmobiliaria, después de haber declarado en el juzgado durante seis horas y media, fueron llevados por la Guardia Civil esposados a los calabozos de las dependencias judiciales, para su traslado posterior a un centro penitenciario.
La jueza decretó la prisión provisional y sin fianza de los tres, tras haberlo solicitado así el fiscal y los abogados de los afectados, quienes también reclamaron una medida provisional 'que deje sin efecto las letras que tienen que seguir pagando los perjudicados por la presunta estafa', indicó el abogado de los afectados, Pedro López Arias. El abogado añadió que la defensa 'no estará satisfecha hasta que nuestros clientes tengan el resarcimiento por los daños causados'.
La querella criminal fue presentada el pasado mes de octubre en nombre de nueve de las 1.200 familias afectadas por la presunta estafa, que habían dejado una señal de entre 21.000 y 33.000 euros para la compra de una vivienda. Los terrenos donde se iban a edificar los pisos fueron posteriormente vendidos por la promotora sin ofrecer satisfacción alguna a los afectados.
Por otra parte, el pasado 27 de septiembre otras 30 familias a las que CPV supuestamente ha estafado presentaron una demanda que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, que lleva el abogado Luis Botella, quien declaró a Efe que otro centenar de afectados está tramitando su adhesión a ésta.
Otro de los afectados, el abogado Oskar Zein, se personó ayer en el procedimiento en representación de sí mismo y estuvo presente en el interrogatorio de los tres imputados.