La nueva ley de 'telecos' fijará sanciones para los directivos
La Ley General de Comunicaciones, cuyo texto prepara en estos momentos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, introducirá algunas modificaciones en el actual régimen sancionador, de forma que se contempla una sanción mínima de 600.000 euros, mientras que la máxima se fijará en función de la facturación del operador. Este anuncio fue realizado por Enrique Medina, secretario general técnico del departamento que encabeza Josep Piqué, durante una jornada organizada por Astel, la patronal que agrupa a las operadoras que compiten contra Telefónica.
Medina afirmó que se establecerán unos 'límites máximos para las sanciones consideradas graves y muy graves, y unos mínimos para las no graves'. También adelantó que se estudia la posibilidad de imponer multas a administradores y directivos de las compañías que cometan infracciones con el fin de garantizar la 'responsabilidad de los órganos de gobierno'.
El secretario general indicó que se contempla un sistema de medidas cautelares que incluye precintar equipos, clausura de instalaciones, suspensión provisional de títulos habilitantes, entre otras medidas.
Medina afirmó que la modificación legal que se prepara para sustituir a la actual Ley General de Telecomunicaciones 'no introduce cambios radicales', sino que pretende 'simplificar su contenido' y flexibilizar las condiciones para que las empresas puedan operar en estos mercados. Frente al actual sistema de diferentes licencias y títulos habilitantes se concederá la autorización de forma automática a las empresas que notifiquen a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones su intención de actuar como operadores de redes y servicios. Además, 'desaparece la posibilidad de revocar licencias' por incumplimiento de compromisos, que se compensa con la introducción de un sistema sancionador.
Espectro
En relación a las decisiones de gestión del espacio radioeléctrico, Medina indicó que se potenciará el 'uso compartido y la coubicación', concediendo unos plazos determinados a los operadores para que alcancen acuerdos, antes de que sea necesaria la intervención de la CMT.
El presidente de Astel, José López-Tafall, consideró que ciertos agentes del sector están realizando una interpretación interesada de la normativa comunitaria. 'Ciertos elementos se siguen manteniendo y se mantendrán hasta que desaparezcan los problemas a la entrada de competidores', indicó.
Por otra parte, Ciencia y Tecnología ha adjudicado a Red Eléctrica Telecomunicaciones, filial de Red Eléctrica de España (REE), el concurso público para el despliegue de las nuevas infraestructuras de la Red Iris, por 14 millones de euros, gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que provee servicios de Internet a más de 250 instituciones afiliadas, entre universidades y organismos públicos de investigación. El plazo de ejecución del proyecto termina a mediados de 2003.