Prisión provisional para los tres administradores de la promotora CPV
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, Rosario de Fátima Espinosa, ha decretado hoy prisión provisional sin fianza para los tres imputados en el caso de la promotora de viviendas CPV por un presunto delito de estafa.
Los imputados son los tres administradores de Promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV): Miguel Angel Morillo y los hermanos Francisco Javier y Miguel Angel García Sánchez, quienes se declararon inocentes.
Los tres afirmaron desconocer los hechos que se les imputa y explicaron que era el padre de los dos últimos, Francisco García Moreno, quien tomaba las decisiones de la empresa, ya que ellos, según declararon a la juez, "sólo estaban allí para formarse".
El director general de CPV, Francisco García Moreno, que no figuraba en la querella inicial y que según el abogado defensor se encuentra en Benidorm (Alicante), ha sido citado a declarar mañana como imputado.
Los tres administradores, después de haber declarado en el Juzgado durante seis horas y media, desde las diez de la mañana hasta las 16.30 horas, fueron llevados por la Guardia Civil esposados a los calabozos de las dependencias judiciales, desde donde serán traslados a un centro penitenciario.
La juez decretó la prisión provisional y sin fianza de los tres tras haberlo solicitado así el fiscal y los abogados de los afectados, quienes también reclamaron una medida provisional "que deje sin efecto las letras que tienen que seguir pagando los perjudicados por la presunta estafa", indicó López Arias.
Añadió que la defensa "no estará satisfecha hasta que nuestros clientes tengan el resarcimiento por los daños causados". La querella criminal fue presentada el pasado mes de octubre en nombre de nueve de las 1.200 familias afectadas por la presunta estafa, que habían dejado una señal de entre 21.000 y 33.000 euros para la compra de una vivienda en los nuevos barrios de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro.
Los terrenos donde se iban a edificar las viviendas fueron posteriormente vendidos por la promotora sin ofrecer satisfacción alguna a los afectados.
Por otra parte, el pasado 27 de septiembre otras 30 familias a las que CPV supuestamente ha estafado presentaron una demanda que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, que lleva el abogado Luis Botella, quien declaró que otro centenar de afectados está tramitando su adhesión a ésta.
En la puerta del edificio de los juzgados de Madrid se concentraron varios perjudicados, que portaban una pancarta en la que se podía leer "estafadores, ladrones de sueños, ilusiones y dinero" y quienes no pudieron contener las lágrimas al conocer la decisión de la juez.