Proveedores de constructoras denuncian el retraso en el pago
La Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) reclamó ayer a la Administración española que haga efectivas cuanto antes las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para efectuar la transposición de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000.
Según recordó ayer Cepco, la transposición de dicha directiva debería haberse realizado antes del pasado 8 de agosto, plazo marcado por la propia directiva para todos los Estados miembros y que el Gobierno español todavía no ha realizado. Tal y como recuerdan las empresas integrantes de la industria auxiliar de la construcción, la directiva se realizó en su día con el objetivo de poner orden en las relaciones comerciales y contractuales entre empresas privadas y entre éstas y los distintos poderes públicos. Así, entre sus conclusiones destaca el establecimiento de un plazo de pago de 30 días, en el caso de que no exista un pacto entre las partes.
La Guía de empresas, elaborada por la Comisión Europea, destaca que en la actualidad hay contabilizados unos 90.000 millones de euros de morosidad exigible, más de 23.600 millones en pérdidas por créditos incobrables, lo que añade a las empresas una sobrecarga de 10.000 millones en coste financiero.
Dicho informe subraya que esta situación provoca el 25% de las quiebras de empresas, con una repercusión laboral de unos 450.000 empleos al año. Por encima de la media europea de plazos de pago se sitúan Grecia, Portugal, Italia, España, Bélgica y Francia, mientras que los países escandinavos, con tipos aplicables a la morosidad hasta del 24% son los que sufren menor morosidad.
Según los datos de producción aportados por la mencionada patronal y con los datos de tipos de interés y de plazos medios de pago del sector de la construcción aportados por el Banco de España, la producción del año 2002 alcanzó los 39.000 millones de euros, el plazo medio de pago es de 193 días y el tipo de interés medio, el 4,25%.
Con estas cifras, la deuda financiera acumulada sería de 12.377 millones de euros que, suponiendo una absorción de un tercio de dicha deuda mediante la repercusión en precios del año siguiente, arrojaría una carga financiera estimada para finales del presente ejercicio de 8.150 millones de euros, según denunciaron los suministradores, cantidad de la que el 90% es la deuda atribuible al sector privado y el resto a las administraciones.
Cepco remarcó que esta problemática afecta a unas 25.000 empresas, en su mayor parte pequeñas y medianas sociedades que cuentan con nula capacidad de maniobra para negociar libremente con las constructoras.