Justicia prevé agilizar la expulsión de 'sin papeles' con delitos menores
El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, explicó ayer que la reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Ejecutivo, concretamente el Ministerio de Justicia, prevé establecer la obligatoriedad de que los jueces se pronuncien sobre los expedientes de expulsión abiertos a extranjeros en situación irregular que cometen delitos menores, y que las autoricen salvo que dicten una denegación motivada.
González, que intervino ante el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, insistió en que el Gobierno pretende así agilizar las expulsiones en aquellos casos de extranjeros que cometen delitos con penas privativas de libertad inferiores a seis años. En este sentido, comentó que se trata de que, 'cumpliendo con las garantías procedimentales y contando siempre con la participación del juez', los extranjeros no encuentren un procedimiento que les coloque en una situación de ventaja. 'Se trata de poder materializar esa expulsión, que es en definitiva una de las sanciones que está prevista en la ley desde el año 1985 y que sin embargo no se está pudiendo materializar en estas situaciones ante comisiones múltiples de delitos menores', añadió. Esta versión de la reforma, que se incluye dentro del Plan de Lucha contra la Delincuencia, difiere de la planteada la pasada semana en el Senado por el propio Ignacio González, que señaló que la modificación preveía que la autoridad gubernativa competente pudiera solicitar al juez la expulsión inmediata de un inmigrante irregular que haya cometido delitos menores y que, si en un plazo determinado, la autoridad judicial no se oponía, se pudiera proceder a la expulsión.
Por el contrario, González subrayó que 'siempre se contará con la participación del juez'. De hecho, posteriormente explicó que se trata de obligar al juez a que se pronuncie sobre la expulsión, ya que en la actualidad la Ley de Extranjería prevé esta posibilidad pero no la obligatoriedad de pronunciarse, del mismo modo que no exige una denegación motivada a la expulsión. Así, la modificación supondrá cambios en la propia Ley de Extranjería, pero también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal y, quizás, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, acusó al Gobierno de 'rectificar nuevamente' en política migratoria. Rumí advirtió que esta rectificación 'no puede borrar el talante autoritario que ha mostrado en la redacción de la ley, que se ha ganado el rechazo unánime de la oposición y de las asociaciones profesionales'.