El fiscal cree probado que Ybarra incurrió en 'apropiación indebida'
En su escrito de 10 páginas, Martínez Madero le solicita a Garzón que desglose en una pieza separada todo lo relacionado con la creación de los planes de pensión creados por el BBV en Alico Life Co. (Alico) en favor de 19 consejeros, el secretario del consejo de administración y dos ex consejeros. Su objetivo, que la instrucción pueda realizarse con mayor celeridad.
A su juicio, 'las declaraciones de los inculpados no han aportado elementos de descargo sólidos'. Por el contrario, han servido para confirmar que los imputados eran conscientes de 'la trascendencia de sus actos y su participación clandestina en el expolio del banco, movidos por el propósito de obtener injustamente un beneficio patrimonial'.
'Gracias a la injustificada existencia de fondos pertenecientes a la entidad, pero contabilizados al margen de la misma, y a la utilización de paraísos fiscales, Emilio Ybarra y el resto de consejeros distrajeron de común acuerdo en beneficio propio y en correlativo perjuicio de BBVA un total de 19,27 millones de dólares', sostiene el fiscal en uno de los párrafos más destacables del escrito aportado por fuentes judiciales.
En este sentido, Anticorrupción niega que la devolución de los fondos de pensión por parte de sus beneficiarios hable en su favor. 'En modo alguno elimina su responsabilidad criminal', ya que no lo hicieron por iniciativa propia, sino luego de que se hubiera revelado 'su ilícito actuar'.
Como conclusión de estos razonamientos, Martínez madero pide a Garzón que acelere el trámite de instrucción de acuerdo a 'los trámites del procedimiento abreviado'. Si Garzón accede a esta petición, las partes acusadoras, entre ellas la fiscalía, podría elaborar un pedido de acusación contra los beneficiarios de los fondos de pensión. A juicio de Anticorrupción, los dos únicos perceptores de los fondos que estarían excluidos de una eventual acusación son Federico Lipperheide y Juan Manuel Zubiría. El escrito considera que es así pues al no haber integrado ambos ningún consejo de administración del banco desde 1997 y 1999, no tuvieron conocimiento 'de la ilicitud del acto (...) ni pudieron valorar el alcance de su propia intervención'.
Para acelerar la instrucción, el fiscal pide la separación de esta pieza del resto de la investigación judicial del caso BBV, para 'simplificar y activar el procedimiento' y evitar así que se constituya un 'macroproceso' de 'dimensiones difícilmente abarcables que dejen en un segundo plano conductas que, si se hubiera profundizado en la instrucción, podrían haber sido objeto de acusaciones específicas e individualizadas'.
Expediente de la CNMV
En el mismo escrito, el fiscal solicita que se suspenda el expediente administrativo sancionador incoado al BBVA por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Cabe recordar que el organismo regulador abrió expediente al banco al entender que había suministrado 'datos inexactos o no veraces' o por haberle aportado 'información engañosa o que omite maliciosamente aspectos o datos relevantes', de acuerdo a las citas del expediente de la CNMV realizadas por el fiscal en su escrito al juez Garzón.
Para Martínez Madero, tras examinar las actuaciones realizadas y las resoluciones adoptadas en este procedimiento, 'puede existir identidad de sujeto, hecho o fundamentos que justificarían la suspensión del trámite administrativo'. Por ello, la fiscalía solicita que se remita a la CNMV 'testimonio de tales documentos', a fin de que suspenda el expediente administrativo sancionador que abrió al banco tras conocerse la existencia de cuentas secretas en paraísos fiscales.
Además, la fiscalía pide que vuelva a solicitarse a Arthur Andersen, que realizó la auditoría del BBVA en 2000, que envíe los papeles de trabajo 'donde figure la información, pruebas practicadas y evidencia' sobre los apuntes contables de ese año, en el que el banco regularizó la situación de las cuentas secretas. Arthur Andersen no ha entregado esos papeles y por ello la fiscalía le pide ahora al juez que reclame al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que informe sobre el estado de los trámites de las diligencias abierta a Arthur Andersen por no haber cumplido con este pedido, o que diga si le ha abierto un expediente sancionador.
Solicitada una pieza separada para Probursa
Antes del verano, el juez Garzón decidió dividir el caso en varias piezas. La llamada trama latinoamericana de las investigaciones sobre el BBV incluía las operaciones de compra de entidades financieras en Perú, Colombia y México. Garzón entendió, en aquel momento, que la compra del Banco Continental de Perú podía implicar, de acuerdo a los datos disponibles, presuntos delitos de sobornos pero no de blanqueo de capitales. Para el juez, este delito sólo podría haber tenido lugar a través de las compras del Banco Ganadero de Colombia y de Probursa de México. De acuerdo con estas consideraciones, decidió remitir las actuaciones del caso en lo referido a Colombia y México a la Fiscalía Antidrogas y dejar en manos de Anticorrupción la investigación de las operaciones realizadas por el BBV en Perú. A pesar de que en los tres casos el banco actuó por medio de su controlada BBVIIC (BBV International Investment Corporation) de Puerto Rico. El mes pasado, Garzón y Martínez Madero viajaron a Perú, donde profundizaron la investigación, y cuyos resultados no han trascendido en fuentes judiciales. Ahora, a través del escrito remitido ayer, Martínez Madero le solicita al juez que abra una pieza separada para investigar sin en la compra de Probursa por parte de BBVIIC ha habido un delito fiscal. Y considerando que un presunto fraude contra la Hacienda pública implica ese tipo de delito, el fiscal pide intervenir, ya que se trata de 'una competencia específica de la Fiscalía Anticorrupción'.