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Tribuna
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Cajas de ahorros, un bocado apetitoso

En los últimos 15 años las cajas de ahorros han aumentado el volumen del activo y del pasivo, los beneficios, la aportación a la obra benéfico-social, el número de oficinas y el de trabajadores. Hoy las cajas suponen el 50% del sistema financiero y representan la garantía de no exclusión financiera de una parte importante de la población de niveles económicos modestos o de poblaciones pequeñas, y son un factor fundamental de competencia y de vertebración y desarrollo autonómico.

Pero el PP no está por el modelo de empresa-fundación que representan las cajas, sino que lo que pretende es controlar políticamente uno de los pocos sectores que aún se le escapa. Ya en sus primeros programas electorales incluía las cajas de ahorros en la lista de empresas a privatizar, y por ello no ha dudado en desestabilizar las que no controlaba ni en oponerse a la ley que democratizaba sus órganos de gobierno.

Ahora les ha asestado un golpe casi definitivo en la denominada Ley Financiera, facilitando la emisión de cuotas participativas y la sindicación de las mismas, con la excusa de que las cajas necesitan más recursos propios. Con ello se auspicia su privatización y, consecuentemente, su posible control por bancos, con el consiguiente proceso de pérdida de derechos y de puestos de trabajo.

Desde UGT hemos apostado siempre por que el crecimiento de los recursos propios se haga, además de con las reservas, a través de instrumentos financieros que fueran comunes para todas las empresas. Esta herramienta podía haber sido la de las participaciones preferentes, posibilitando que se emitieran en territorio nacional y no en paraísos fiscales, como ocurre en la actualidad.

Respecto a los órganos de gobierno, hemos defendido aumentar la representación de los empleados, dar entrada en los órganos de gobierno a otros estamentos socialmente representativos como sindicatos, patronales o universidades, y que se garantice el reparto proporcional en la elección de todos los grupos, así como la renovación total de los mismos cada cuatro años. Ninguno de estos aspectos ha sido contemplado en la citada ley.

Estas posiciones han sido compartidas por UGT y CC OO durante casi todo el proceso, pero en la recta final Comfia-CC OO se ha manifestado dispuesta a aceptar cuotas participativas, sindicato de cuotapartícipes, limitación de la edad de jubilación de los presidentes y una absurda excepcionalidad para las cajas fundadas por la iglesia católica.

Lamentablemente ha sido la única organización progresista que ha alabado la capacidad de diálogo del PP, diferenciándose incluso de otras opiniones de su propio sindicato.

Una vez más la unidad sindical ha saltado hecha añicos porque este sindicato tiene la fea costumbre de romperla, cediendo a las pretensiones de los de enfrente y abandonando a sus aliados naturales, con lo que causa daños irreparables a los trabajadores, que cada día se sienten más decepcionados.

¿Cómo se puede decir, sin sonrojarse, que UGT no ha hecho pública su posición hasta un día antes de aprobarse la ley en el Senado? ¿Cómo se puede alabar la capacidad de diálogo del PP? y ¿cómo se puede decir que con sus negociaciones han frenado una hipotética privatización de las cajas?

Lo cierto es que el texto definitivo de la Ley Financiera no deja de ser un engendro peligroso y el hecho de que CC OO y PP digan ahora que algunos aspectos se corregirán en la Ley de Acompañamiento no deja de ser una huida hacia adelante que les permita seguir vendiendo humo.

Desde la UGT seguiremos trabajando para evitar la privatización de las cajas de ahorros y para fomentar su democratización. Para ello, además de las acciones que entendamos que hay que llevar a cabo, seguiremos trabajando por mejorar las condiciones de los trabajadores, pues ellos son la mejor garantía de unas cajas de ahorros fuertes.

En este sentido, trabajaremos por la promoción de los trabajadores a través de una carrera profesional basada en criterios objetivos que devuelva la motivación laboral a un gran número de trabajadores del sector después de que en 1982 CSICA suprimiera los ascensos por antigüedad. La UGT apuesta por establecer en el convenio una carrera profesional en la que cada trabajador pueda moverse hasta conseguir el objetivo que se plantee, introduciendo criterios objetivos en la clasificación de oficinas y en la asignación de categorías en servicios centrales.

Reivindicaremos un incremento sustancial del sueldo de las categorías de entrada, adaptándolo a la cualificación exigida al personal de nuevo ingreso, que además de esta discriminación acumula la firmada por CC OO en 1986 eliminando los complementos de previsión social.

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