El sistema legal español es uno de los que menos protege al inversor

Los sistemas legales inspirados en el Derecho francófono son los que tienden a defender menos al accionista', asegura el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza, Vicente Salas, autor del estudio El gobierno de la empresa, publicado por el Servicio de Estudios de La Caixa. Eso es lo que sucede con el sistema español, que frente al germánico, y en mayor medida el anglosajón, es menos proteccionista con el inversor.

'Los sistemas legales que ofrecen más protección facilitan que los accionistas confíen en los mercados, mientras que allí donde no hay tanta tutela sólo arriesgan en caso de que controlen la propiedad', explica el profesor Salas. El estudio constata que persisten todavía unas diferencias muy marcadas en las formas predominantes de propiedad y control de las empresas, incluso en países con un desarrollo similar, a pesar de la internacionalización creciente de los flujos financieros y comerciales.

En España predomina una estructura de propiedad muy concentrada en la que es difícil distinguir entre quienes poseen las acciones y quienes dirigen o controlan las empresas. Vicente Salas asegura que en nuestro país la excepción se encuentra únicamente en las empresas que antiguamente eran monopolios públicos y han sido privatizadas, 'pero hay que tener en cuenta que siguen estando bajo la tutela de los reguladores y del Gobierno'.

El estudio también resalta el hecho de que los códigos de buenas prácticas deben adaptarse a la situación concreta del sistema de propiedad en las empresas. 'El código de buenas prácticas de gobierno está inspirado en los códigos que se han propuesto para sistemas de propiedad y control donde los directivos ajenos a la propiedad tienen mucho poder efectivo, mientras que en España predominan, con mucho, los casos donde los accionistas significativos ejercen el control efectivo'.

El autor del informe recuerda que las regulaciones no deberían establecerse al margen de las iniciativas encaminadas a conseguir un mercado financiero único para Europa.

Sin embargo, en su opinión, el legislador debe tener en cuenta la realidad y no importar normas pensadas para un modelo diferente, como sucede en el caso de la propuesta de consejeros independientes para los consejos de administración.