Jóvenes y vivienda
Julián Ariza analiza las causas del retraso en la edad de emancipación de los jóvenes en España. El autor asegura que el principal problema es el precio de la vivienda y advierte que es un asunto que se debe abordar sin miedos
Los medios de comunicación se han hecho eco del informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España, en el que aborda el fenómeno del retraso en la emancipación de los jóvenes y la relación que ello tiene con el problema de la vivienda.
Aunque exista un cierto desajuste entre la muy extensa aportación de datos y sugerencias que componen el documento, respecto de lo que en sus últimas páginas se dedica a conclusiones, la verdad es que, en conjunto, ofrece una interesante valoración sobre las causas fundamentales que han conducido a que, sólo en el espacio de 20 años, la edad media de emancipación de los jóvenes se haya elevado en nada menos que 10 años. Tales causas son el alargamiento del periodo formativo, la tardía incorporación al mercado de trabajo, la alta precariedad en el empleo y, particularmente, el precio de la vivienda.
Hay aspectos sobre los que vale la pena detenerse. Uno de ellos es, por ejemplo, que en contra de lo que a nivel popular se escucha con frecuencia, no son las actitudes acomodaticias de los jóvenes las que en muchos casos les llevan a prolongar más de lo necesario la permanencia en el hogar de sus mayores.
A pesar del mandato de la Constitución, lo que sucede con la vivienda en España resulta escandaloso en términos políticos y sociales
Según los datos recogidos por el CIS, para el informe sobre Juventud 2000, tres de cada cuatro jóvenes viven la mayor parte del año en el domicilio paterno. Sin embargo, cuando se les pregunta dónde desearían residir, ocho de cada diez de los que tienen entre 21 y 29 años responden que preferirían hacerlo en su propia casa. El corolario es simple: no se emancipan porque no pueden.
La Constitución, en su artículo 47, establece que 'todos los españoles tienen derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo con el interés general para impedir la especulación'. Con este mandato imperativo por delante, lo que está sucediendo con la vivienda en España resulta escandaloso en términos políticos y sociales y no sería de extrañar que alguien de la judicatura intente encontrar algún asidero para frenar lo que en su lenguaje cabría llamar alarma social.
El informe del CES hace mención a varios estudios, válidos para ilustrar lo escandaloso de la situación. En febrero de 2001, uno de los boletines publicados por el BBVA cifraba en 350.000 la demanda potencial de viviendas. Meses después, en julio y agosto del mismo año, Funcas situaba entre 370.000 y 410.000 la demanda residencial derivada de la estructura de la población, la creación de empleo y otras cuantas variables. No obstante, las viviendas iniciadas en cada uno de los años desde 1999 a hoy sobrepasan el medio millón. Si, por otra parte, jóvenes, inmigrantes y otro gran número de colectivos quedan fuera del mercado por no formar parte de la demanda solvente, ¿de quién es entonces la mayor responsabilidad, por acción y omisión, de que sólo en cinco años el precio de la vivienda haya crecido un 70%?
A su vez, el Banco de España afirma que, como promedio, el precio del suelo representa el 50% del precio de la vivienda. ¿Dónde está la regulación en aras del interés general que la Constitución exige a los poderes públicos?
Si todo lo anterior da sobradas pistas de la incuria de nuestros gobernantes y de los impresentables abusos de promotores, constructores y especuladores respecto de un bien esencial como éste, aún es más sangrante saber que a medida que se dispara la construcción y el precio, la intervención pública a favor de la construcción de viviendas protegidas va a menos. Así, resulta que desde 1996 para acá, justo a partir de la llegada del Partido Popular al poder, se inicia una curva descendente que ha llevado a que en los últimos cuatro años la proporción de vivienda protegida haya quedado reducida al 10% del total.
A este respecto conviene recordar que en el periodo que media entre 1977 y 1989, aproximadamente la mitad de las viviendas construidas cada año eran de protección oficial.
Es un insulto a la razón afirmar, como reiteran los portavoces del Gobierno, que la causa principal de este desaguisado es la mayor capacidad adquisitiva de los españoles. Es, a su vez, un sarcasmo de los defensores de las bondades del mercado atribuirlo a las simples reglas de la oferta y la demanda. Si éste fuera un ejemplo de tales reglas, hay motivos para reclamar que se dinamiten.
Las cosas han llegado a un punto en que no valen los sucesivos parches que se le vienen poniendo, algunos de los cuales, como la reciente decisión de eliminar el impuesto de actividades económicas (IAE) para un amplísimo número de sus contribuyentes, podría empeorar la situación si se tiene en cuenta que este impuesto forma parte sustancial de los ingresos de las Haciendas locales.
Habrá que confiar en que la izquierda política y social coja el toro por los cuernos y afronte sin miedos la denuncia y las medidas necesarias para la solución del problema. Ideas hay bastantes. El CES apunta algunas de ellas. Pero todo indica que para abrirles camino será preciso traducirlas a movilización social, pues los expoliados y víctimas no son sólo los jóvenes sino amplios sectores populares.