El Gobierno argentino viaja a EE UU para forzar el acuerdo con el FMI
Una delegación del Gobierno argentino llegó ayer a Washington para acelerar la negociación de un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evite una suspensión de pagos a los organismos multilaterales que dejaría definitivamente aislado al país.
A pesar de las diferencias que separan al Fondo y a la Administración argentina, Buenos Aires y Washington necesitan llegar pronto a un acuerdo. El próximo 9 de noviembre vence el plazo para el pago de unos 820 millones de dólares (una cantidad similar en euros) que Argentina debe al Banco Mundial. El Ejecutivo de Eduardo Duhalde también busca el acuerdo con el FMI porque esto le permitiría retrasar el pago de unos 14.500 millones de dólares que debe hacer a los organismos multilaterales a lo largo de los próximos 14 meses.
El jefe del Gabinete de Ministros, Alfredo Atanasof, aseguró ayer que 'los detalles finales del acuerdo sin ninguna duda se van a discutir en el transcurso de esta semana'. El Ministerio de Economía argentino informó ayer de que su titular, Roberto Lavagna, podría desplazarse a Washington a mediados de semana para sellar el acuerdo. Sin embargo, fuentes del FMI restaron importancia a esa disponibilidad. 'Si Lavagna viene aquí, no será indicativo de que hay un deseo mutuo por llegar a acuerdo inmediatamente', declaró un funcionario a Reuters. 'Aún hay muchos temas, como el del anclaje monetario, que deben de ser discutidos', señaló la fuente.
El FMI redactó la semana pasada un borrador de la carta de intenciones que la entidad pretende que sea el definitivo, pero que es rechazado por Buenos Aires. El Fondo exige un aumento de los impuestos para elevar el superávit fiscal y poder pagar la deuda externa. La institución multilateral recomienda además un aumento de entre el 20% y el 30% de las tarifas de los servicios públicos privatizados. Por último, el FMI plantea la libre flotación del peso antes de que termine el año.
El Gobierno del presidente Eduardo Duhalde no está dispuesto a aplicar todas estas medidas en su máxima extensión, ya que son claramente impopulares. La crisis ha sumido en la pobreza a la mitad de los 36 millones de argentinos, el peso ha perdido en 10 meses el 70% de su valor respecto al dólar y los sueldos están congelados. Buenos Aires prefiere unas subidas impositivas y tarifarias más suaves, al tiempo que quiere retrasar la liberalización total de la moneda hasta después de las elecciones presidenciales del 30 de marzo.