La Intervención General del Estado controlará el déficit de las regiones
El Gobierno quiere dejar bien atado el procedimiento mediante el cual todas las Administraciones públicas deben responder del cumplimiento de sus obligaciones presupuestarias.
La recién estrenada Ley General de Estabilidad Presupuestaria atribuye a la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) la competencia para elaborar informes sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad ¢en términos de capacidad de financiación¢ de todas las Administraciones, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales.
Sin embargo, la polémica generada por la citada ley, que obliga a mantenerse en equilibrio a comunidades y entes locales, y sobre todo, las críticas vertidas por gran parte de los Gobiernos autonómicos (los regidos por el PSOE y los de corte nacionalista) han levantado las suspicacias del Ministerio de Hacienda.
Ante la posibilidad de que estos Ejecutivos regionales busquen lagunas legales para retrasar o impedir el cumplimiento de la ley, el Gobierno central ha decidido aclarar algunos asuntos. De esta forma, el Grupo Popular en el Congreso, con mayoría en esta Cámara, presentó ayer una enmienda parcial a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003 en la que propone que las comunidades y las corporaciones locales ¢estén obligadas a suministrar a la Igae la información necesaria para medir el grado de realización del objetivo de estabilidad presupuestaria¢. Todos los datos necesarios deberán ser suministrados por las Administraciones territoriales, sin que la Igae tenga que obtenerlos por otros medios.
Otra de las enmiendas populares delimita lo que serán las declaraciones censales que deben presentar los empresarios y profesionales obligados a retener tras la reforma del impuesto de actividades económicas (IAE). Según el nuevo texto, deberán identificarse las actividades de que se trate según la clasificación que se establezca reglamentariamente y deberán reconocerse de forma expresa las declaraciones de alta y no de comienzo, como sucede en la normativa actual, ya que en ocasiones la declaración censal no supone el inicio de actividad económica alguna.
Cuando se utilice el documento único electrónico previsto en el Estatuto de la Nueva Empresa para la constitución de entidades, el empresario quedará exonerado de la obligación de presentar la declaración censal de alta.
Las modificaciones previstas por el PP prevén también que las rifas y tómbolas tributen al tipo del 10% del importe de los boletos o billetes o, en defecto de soportes físicos, del importe total de los ingresos. Al contemplar la inexistencia de soportes físicos, se prevé que, de no conocerse los ingresos obtenidos, se practique una liquidación a cuenta, sin prejuicio de la liquidación definitiva.
Por otra parte, el PP pide que se reduzca al 3% la cuota máxima de participación accionarial en Red Eléctrica de España (ver página 3). Además, los empresarios que efectúen operaciones con oro de inversión deberán conservar sus facturas cinco años.
Críticas a las propuestas socialistas
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, resaltó ayer en unas jornadas presupuestarias, organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que tanto las enmiendas que se incorporarán en el Congreso como las que se aprueben en el Senado mantendrán el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas para el próximo año, aunque con la posibilidad de que se dejen funcionar los estabilizadores automáticos. Montoro se mostró muy crítico con las propuestas socialistas. En su opinión, cada español debería pagar el doble por IRPF para financiar los 45.800 millones de euros que, calculó, supone de mayor gasto las medidas presentadas por el PSOE en el trámite parlamentario y en semanas anteriores. En las mismas jornadas, el portavoz de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, y el ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Miguel Ángel Fernández Ordóñez criticaron el 'alto nivel de endeudamiento del Estado', que no se computa como déficit público.