El buen gobierno fiscal
El Congreso rechazó ayer las nueve enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2003, pero el Partido Popular tuvo que conformarse con los votos de sus socios de gobierno, CiU y Coalición Canaria, para validar el proyecto. El Gobierno mantiene el equilibrio presupuestario como premisa irrenunciable, y no duda en calificar como 'despilfarro' cualquier propuesta fiscal alternativa. Pero sustenta su política en una ley que adolece de falta de credibilidad, porque se basa en unas previsiones macroeconómicas que han sido cuestionadas por los principales agentes económicos del país, desde el Banco de España a la patronal CEOE, además de los grandes centros de análisis económico privados.
El vicepresidente Rodrigo Rato ya tuvo que rebajar en dos ocasiones la previsión de crecimiento económico para este año (que pasó, sucesivamente, del 2,9% al 2,4% y finalmente al 2,2%). Sin embargo, en agosto mantuvo para 2003 una previsión del 3% que es utilizada como referencia en la Ley de Presupuestos. Rato justificó el dato aduciendo una mejora de la coyuntura internacional que impulsaría la demanda exterior. A día de hoy, todo indica que dicha recuperación se retrasará. En este escenario, lo previsible es una desviación a la baja en los ingresos tributarios, lo cual provocará ajustes en las partidas de gasto e inversión. Y ése es un lujo que no está claro que podamos permitirnos si queremos reducir nuestro retraso en materia de productividad y de capital tecnológico y humano.
Los nuevos aires que corren por Europa -incluso el presidente de la Comisión, Romano Prodi, considera 'estúpido' un Pacto de Estabilidad que no sea flexible para responder a los cambios de ciclo- ofrecen una oportunidad para impulsar partidas clave para el crecimiento futuro como la inversión en I+D y en educación. Sin embargo, el Gobierno prefiere sentar cátedra en materia de rigor fiscal ante los socios europeos.
Puestos a dar ejemplo, no estaría de más avanzar en materia de transparencia y fiscalización presupuestaria. Ello ayudaría a despejar incógnitas sobre la solidez del equilibrio de las cuentas públicas -puesto en duda por expertos como el profesor José Barea, antiguo jefe de la oficina presupuestaria dependiente de Moncloa- y a interpretar algunos entresijos presupuestarios especialmente opacos. El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha asumido el protagonismo en el debate del Presupuesto, propone crear una oficina de control presupuestario dependiente del Congreso. Para que dicha oficina sea realmente efectiva, es preciso que sus miembros no sean elegidos por los grupos parlamentarios en función de su peso en el Congreso, sino que sus miembros sean expertos independientes con mandatos no coincidentes con los de legislatura política. æpermil;se sí sería un ensayo de buen gobierno, que ayudaría a los agentes sociales a elaborar sus planes de inversión y ahorro sobre bases macroeconómicas y presupuestarias más claras y, a lo mejor, más sólidas.