La UE obligará a las auditoras a anticipar el riesgo de las entidades
Las aseguradoras españolas tendrán que asumir un cambio radical en su gestión para afrontar la nueva normativa sobre el nivel mínimo de recursos propios que deben poseer. La iniciativa europea de imponer unos sistemas de control interno del riesgo más estrictos y adaptados a las entidades, el denominado proyecto Solvencia II, ya ha dado sus primeros pasos. Y los primeros documentos de trabajo dibujan una transformación del papel de todos los actores del mercado, desde los gerentes de las aseguradoras y los organismos supervisores (en el caso de España, la Dirección General de Seguros) hasta las funciones de los auditoras.
Estas empresas no podrán limitarse a comprobar los estados financieros de la aseguradora auditada, sino que tendrán que pronunciarse sobre los posibles riesgos que afronta, anticiparlos y otorgar una calificación a la entidad. 'Deberán pronunciarse sobre la viabilidad de la aseguradora', explican fuentes del Ministerio de Economía.
La normativa nace como una reacción a la crisis de confianza de inversores y clientes antes las empresas, minada por escándalos contables como los de Worldcom o Enron, con grave impacto en las Bolsas. Tras esta experiencia, se hace necesario fortalecer los recursos propios (capital y reservas) de las empresas para afrontar situaciones como la caída de valor de las inversiones bursátiles.
Solvencia II impondrá un nuevo método de control interno del riesgo para evitar casos de insolvencia y analizará todos los aspectos de la gestión en función de cómo pueden afectar al nivel mínimo de fondos propios, desde la política de reaseguro, de inversión o de distribución de los seguros, pasando por el riesgo ante los cambios en el mercado financiero y la gestión del cliente.
Solvencia II se basa en tres pilares: el establecimiento de un nivel mínimo de recursos propios, la mejora del papel de los supervisores y la exigencia de una mayor transparencia a las entidades. Al tener que adecuar el cálculo de estos fondos mínimos a unos mecanismos de control del riesgo más rigurosos, algunas entidades se verán obligadas a aportar más recursos.
Este proyecto normativo sigue la línea del aún en trámite Basilea II, el acuerdo de capital para la banca que tendrá ámbito internacional.
La Comisión Europea tiene previsto aprobar antes de fin de año el documento con las líneas maestras para la elaboración de la norma. Al efecto se han creado varios grupos de trabajo, uno de ellos nacional, impulsado por la Dirección General de Seguros (DGS), que elaborará un informe con la posición española antes del 30 de abril.
Al margen de ello, se ha creado, a iniciativa de la DGS, el Grupo Madrid, que también presentará una propuesta sobre los sistemas internos de control de riesgos. La DGS, además, planteará al sector elaborar un documento de recomendaciones sobre gestión de clientes en el que destacará la gestión de quejas y reclamaciones.
El papel de los administradores también tendrá que reformularse y adaptarse a los códigos de buen gobierno.