'No nos van a rebajar los costes laborales'

Nacido en 1953, Jesús Barcenas es desde mayo presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme). Desde entonces ya ha asistido a una importante reforma laboral, una huelga general y ahora negocia nuevos cambios

Jesús Bárcenas llegó a la cúpula de Diego de León, 50 (sede de la patronal española), el 7 de mayo pasado. Ese día fue elegido presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), en sustitución de Antonio Masa. Aunque sólo lleve cinco meses en el cargo, Bárcenas no es de los líderes empresariales que ha visto los toros desde la barrera. Lleva toda su vida en el mundo de la empresa y tampoco es el primer cargo directivo patronal que ocupa, antes presidió la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y era miembro del comité ejecutivo y de la junta directiva de CEOE.

Tiene muy claro que defiende a los medianos y pequeños empresarios cuyos intereses, en ocasiones, entran en conflicto con los de las grandes empresas, como acaba de ocurrir ahora con la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) sólo para aquellos negocios que facturen menos de un millón de euros al año. Opina que España necesita nuevas reformas laborales que flexibilicen aún más el mercado de trabajo, incluyendo una rebaja del coste del despido. En definitiva, cree conveniente agilizar más las relaciones laborales de forma que el empresario pueda rescindir el contrato del trabajador sin poner en peligro la economía de la empresa.

'El Gobierno ha modificado el 'decretazo' sin conocer siquiera si sus efectos eran buenos o malos; los últimos cambios obedecen a presiones sindicales'

Pregunta. El Gobierno decide en mayo aprovechar la reforma del sistema de desempleo (el conocido como decretazo) para abaratar el despido. Después de este regalo sorpresa a los empresarios, ahora anuncia que da marcha atrás y recupera en parte los salarios de tramitación, que encarecen la indemnización por despido. ¿Cómo acoge Cepyme este cambio?

Respuesta. Vemos con mucha preocupación todos los cambios, que no han sido técnicos como dicen, pero sobre todo estamos en contra de volver a pagar todos los salarios de tramitación, incluidos los provocados por el retraso de la justicia. Teniendo la experiencia que tenemos con la lentitud de los tribunales se nos presenta un grave problema que habrá que solucionar.

P. Sin embargo, las protestas de los empresarios, salvo por el asunto pagar los retrasos de la justicia, no se han escuchado.

R. No sólo nos preocupa eso, también vemos que los nuevos cambios pueden acabar con los despidos disciplinarios. Cuando haya despidos por causas justificadas al amparo de la ley, lo lógico es que el empresario no consigne la indemnización a las 48 horas del despido como se le exigirá a partir de ahora si quiere impedir que corran los salarios de tramitación. Pero si no consignan la indemnización y el trabajador recurre el despido a instancias superiores y este trámite se va a un par de años, lo que en principio era una cantidad de indemnización puede multiplicarse por dos o por tres. Esto crea una indefensión judicial para el empresario.

P. El Gobierno aún no ha cerrado del todo las puertas a más cambios en el decretazo, ¿esperan que el Ejecutivo rectifique la imposición a los empresarios para que paguen todos los salarios de tramitación?

R. Esperamos que aún se matice esta imposición porque de lo contrario nos podemos encontrar aún pero que antes de que saliera el decretazo. En todo esto me da la sensación de que se ha perdido el norte. La reforma se hizo para generar más empleo y confianza en las relaciones laborales, y para agilizarlas y no para que ahora tengamos más dudas que antes. Pero al final se han desvirtuado los objetivos de la reforma, máxime en un momento económico como el que estamos atravesando.

P. ¿A qué atribuyen los empresarios este bandazo del Gobierno en materia laboral? ¿Es que los efectos de la aplicación del decretazo han sido negativos?

R. No ha dado tiempo en cuatro meses a analizar sus consecuencias. El decretazo se ha corregido sin conocer sus efectos y los cambios han venido más por presiones sindicales, mediáticas y de la situación política que por la realidad de las empresas. Ni se ha despedido a más gente ni tampoco se ha creado más empleo.

P. Pero el decretazo incorpora nuevas mejoras para la protección social de los trabajadores autónomos, ¿qué opina de estas modificaciones?

R. Los autónomos llevan medio siglo existiendo y parece que hay algunos que sólo se acuerdan de ellos cada cuatro años, cuando hay elecciones. Los últimos cambios nos parecen bien pero pedimos que se siga trabajando, para que los autónomos tengan las mismas posibilidades que los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social.

P. ¿Qué propuestas de reforma se manejan ahora mismo desde Cepyme?

R. Estamos negociando con el Gobierno todo lo referido al estatuto de la microempresa. Se nos han prometido aplazamientos en el pago de algunos impuestos, como en el de sociedades o el IRPF, así como en el pago de cotizaciones sociales, al constituir una microempresa y se nos ha hablado de un periodo de dos años para esta demora, pero estas propuestas aún necesitan concreción. Tenemos que saber si va a hacer falta un aval para el aplazamiento de impuestos y, sobre todo, qué tipo de aval. Lo que sea esperamos conocerlo pronto para que las medidas puedan incluirse en la Ley de Acompañamiento o en la de Presupuestos y entren en vigor en enero de 2003.

P. Entre los deberes más próximos, Cepyme debe negociar con los sindicatos la renovación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2003.

R. Por nuestra parte, renovaríamos el pacto en condiciones similares. El acuerdo debe marcar estrategias y fijar los salarios para el próximo año en función del IPC y no mucho más, como pretenden los sindicatos. Es un acuerdo para la negociación colectiva no una reforma de los convenios. Es cierto que nuestra legislación laboral necesita cambios, pero habrá que hacerlos en un momento de menos crispación. En cualquier caso, y más ante una situación económica difícil, la sociedad tiene que entender que el empresario no contrata por lógica política sino económica, no coge a los trabajadores porque estén subvencionados. Pero para eso es necesario tener unas relaciones laborales con suficiente agilidad, que no tenemos. Lo que pedimos es que ante una coyuntura complicada el empresario pueda despedir pero no a costa de debilitar la economía de la empresa.

P. En Europa están surgiendo voces reclamando cierta relajación en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad pero el Gobierno español se mantiene firme y mantiene sus deberes hechos. ¿Comparte el diseño de los Presupuestos Generales para 2003?

R. Intentar seguir manteniendo el déficit cero es positivo y el capítulo de inversiones también es muy positivo porque se ha dado un empujón importante a las inversiones del Estado. Lo que no nos gusta es que el sistema tenga superávit en todas sus áreas de Seguridad Social, empleo y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y se sigan manteniendo elevados los costes empresariales. Esperábamos que este año se empezara a ver una rebaja de cotizaciones sociales para las empresas pero los excedentes los van a volver a destinar a rebajar el déficit o a cuadrar las cuentas pero no nos van a llegar a los empresarios. En la reunión que tuvimos con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de que se aprobaran los Presupuestos, se nos comunicó que el Gobierno tiene claro que a los empresarios no nos va a rebajar las cotizaciones el próximo año y tampoco dijo que el siguiente.

P. Con este escenario presupuestario y teniendo en cuenta la situación de la economía internacional, ¿atisban los pequeños empresarios una pronta reactivación económica?

R. Lo más preocupante es que el consumo está bajando. La información que nos llega desde las entidades financieras es que, en general, la gente y las familias están suscribiendo menos créditos y controlan más el gasto. Si esta situación se mantiene, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis de finales de 1992, en esta ocasión no se va a registrar la morosidad de otras épocas. Las empresas también están dejando de invertir y esto puede darles mayor fortaleza para soportar un mal momento. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola y nos inquieta que un exceso de prudencia paralice las inversiones. No obstante, en materia de despidos, por ejemplo, lo que viene no es alarmante.

P. Una de las novedades del próximo ejercicio fiscal será la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) para las empresas que facturen menos de un millón de euros al año.

R. Se va a producir un efecto agridulce. Bien es verdad que a las pequeñas empresas y a los autónomos se les va a retirar este impuesto pero a costa de que lo paguen las medianas y grandes empresas. Se trata de una medida electoralista porque en un principio se nos dijo que se iba a suprimir el IAE, no que se lo iban a quitar a unos para que lo pagasen otros. Esto, al final va a afectar la competitividad de las empresas. En cuanto al límite del millón de euros, es injusto dejarlo cerrado, bien es cierto que hay que poner un techo, pero habrá que ver si se pueden introducir otros parámetros y no sólo la facturación así como la posibilidad de que se habrá una horquilla. Por nuestra parte proponemos que se vaya, como mínimo, a una facturación de dos millones de euros.