IAE, crónica de una 'muerte' anunciada
La supresión del impuesto de actividades económicas (IAE), para una gran parte de los actuales contribuyentes, es una propuesta del Gobierno que viene de tiempo atrás. Aparte de figurar en el programa electoral del Partido Popular, fue anunciada a bombo y platillo en febrero de 2000, en Barcelona, en una reunión del presidente del Gobierno con una organización de pequeñas y medianas empresas de Cataluña. El porqué de la tardanza en hacer efectiva dicha propuesta tiene que ver, sin duda, con la proximidad de las elecciones municipales.
¿Qué supone esta modificación del IAE? ¿Es buena o es perjudicial? Supone eximir de pagarlo a empresas cuya facturación anual no supere el millón de euros y a profesionales, cuando se trate de personas físicas. Resulta significativo que la exención se centre en aquellos contribuyentes con un menor control de ingresos por parte de la Hacienda pública. Los profesionales liberales, empresarios autónomos y un tipo de empresas, las franquiciadas, que, con la exención del IAE, seguirán desarrollando un importante papel económico, sin tener que contribuir por los ingresos obtenidos en el municipio en que desarrollan su actividad.
Si la exención de este impuesto es buena para estos grupos de contribuyentes, unos dos millones, es mala para las empresas que facturen más de un millón de euros, que ven incrementada su tributación por el IAE. Es mala para los ayuntamientos, que dejan de ingresar un dinero, hasta ahora seguro (900 millones de euros), a compensar, sólo parcialmente, en los Presupuestos Generales del Estado para 2003. Es mala para los ciudadanos, que verán aumentada la presión fiscal local, para cubrir la disminución de ingresos. Y no es buena para la pretensión del Gobierno de hacer cuadrar el Presupuesto con déficit cero.
En efecto, si el Gobierno persiste en mantener a cero el déficit público y si, como se ha prometido, una parte de los ingresos presupuestados va a parar a los ayuntamientos, el presupuesto se liquidará con déficit. A no ser que se modifiquen, a la baja, los gastos, por un importe idéntico a la transferencia que, en su día, se haga a los municipios. Tanto si se hace en gastos de consumo como de inversión, la demanda inducida por el gasto público se resentirá, contribuyendo, al contrario de lo que afirma el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a un menor crecimiento de la economía.
El ministro de Hacienda, sin embargo, persiste en explicar la vieja historia según la cual la reducción de impuestos supone, automáticamente, un incremento del consumo y de la inversión, por tanto, del crecimiento de la economía.
Sin embargo, son los municipios los que aportan, en relación a su capacidad financiera, un mayor volumen de inversión pública. Disminuir sus ingresos, en una cifra promedio del 7%, no va a contribuir a incrementar las inversiones que se precisan para el crecimiento global de la economía. Un menor crecimiento de la economía que tal vez lamentaran, a medio plazo, quienes, a corto plazo, se beneficien de la exención de este impuesto.
Por otra parte, resulta insólita la prisa con que se presenta un proyecto de ley demorado año y medio desde que fue anunciado. Estas prisas de última hora crean graves problemas de gestión a los ayuntamientos, que no disponen de la información necesaria y cuyo calendario legal hace que dispongan de pocos días para actualizar sus ordenanzas fiscales y, en consecuencia, para determinar el volumen de sus ingresos para el año próximo. Obligados, por lo tanto, a incrementar su presión fiscal, compensatoria de la disminución de ingresos por IAE. ¿A través de qué figuras impositivas? La incertidumbre creada es, pues, grande.
Es más, el Gobierno, en contra de lo prometido, no ha hecho ningún tipo de negociación con los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). æpermil;sta es la razón de que el proyecto de ley, de salida, resulte incompleto al no concretar las alternativas de los municipios a la supresión del IAE, si, de verdad, se quieren mantener sus ingresos. ¿O no? De todos es sabida la tendencia de la derecha a reducir el tamaño, y el peso económico, del sector público. æpermil;sta parece ser una nueva vuelta de tuerca en esa dirección.
æpermil;sa y la proximidad de las elecciones municipales. Se trata de buscar una complicidad de clientelismo con los beneficiarios de la exención del IAE, especialmente en las ciudades de tamaño intermedio, a los Gobiernos de las cuales aspira el partido del Gobierno. Se trata de provocar tensión en la política municipal enfrentando rebajas de IAE a incrementos de presión fiscal local. Se trata, en definitiva, de una política perversa, que, lejos de solucionar los problemas financieros de los municipios, los incrementa para obtener beneficios electorales a corto plazo. Política, una vez más, de vuelo rasante.