EDITORIAL

Nuevo marco eléctrico

El Gobierno y las compañías eléctricas están dando las últimas pinceladas al nuevo marco, las nuevas reglas por las que se regirá el sector durante los próximos años, una vez constatado que el actual modelo no sólo se ha mostrado inservible, sino que está en el origen de buena parte de los problemas de las empresas.

Uno de los ejes centrales de este nuevo marco es la determinación de cómo evolucionarán las tarifas en el futuro. En concreto, el Ejecutivo ha decidido que en los ocho próximos ejercicios suban ligeramente por debajo de la previsión de inflación. Con ello, marca una de las líneas de fondo del terreno de juego.

La otra es, sin lugar a dudas, cómo abordar el espinoso asunto del déficit tarifario, es decir, cuando los ingresos vía tarifas no alcanzan a cubrir los costes de generación reconocidos. Este fenómeno ha marcado la evolución de la cuenta de resultados en este ejercicio, aun cuando cada compañía ha aplicado dicho déficit de una manera distinta.

El Ejecutivo y las empresas tienen pactado que el déficit, que en la actualidad asciende a unos 1.000 millones, sea recuperado. Y que ello se hará en un periodo comprendido entre siete y diez años. A las compañías no sólo les preocupa el reconocimiento de esa cantidad, sino que la decisión se plasme en una norma legal que les evite posteriores problemas con la interpretación que puedan hacer los auditores de estos cambios. Las eléctricas, como el resto de las empresas de todo el mundo, están bajo la resaca contable del síndrome Enron.

Estas decisiones tienen mayor trascendencia en un ejercicio menos boyante de lo esperado, marcado por el mal año hidráulico, el elevado precio del petróleo y el interrogante abierto sobre la rentabilidad de las energías alternativas. Todo ello aderezado, además, con una crisis bursátil espectacular y, en algunos casos, la repercusión de inversiones fallidas en negocios alternativos, como los ligados a las telecomunicaciones. El nuevo marco también ha de incorporar el tratamiento de los denominados costes de transición a la competencia (CTC), en función de la doctrina dictada desde Bruselas. Es decir, que sean abonados en función de la evolución del mercado eléctrico en cada ejercicio estanco.

El Gobierno de José María Aznar y las eléctricas se encuentran, pues, ante una oportunidad histórica para diseñar un marco duradero que clarifique de una vez por todas el mapa nacional, coincidiendo con la llegada oficial de la liberalización del sector. æpermil;sta ha de ser efectiva el 1 de enero del año próximo. No obstante, el hecho de que el poder del sector se siga concentrando en pocas manos y que las empresas extranjeras tengan serias dificultades para entrar, con mínima relevancia, en el mercado nacional hace que existan serias dudas de cara al futuro. Y esas dudas se refieren a que el mercado español llegue a ser realmente liberalizado y competitivo desde el punto de vista del consumidor.