La CE expedientará a España por limitar la presencia extranjera en las eléctricas
La ola de adquisiciones que æpermil;lectricité de France llevó a cabo en los años 2000 y 2001 en Alemania (EnBW), España (Hidrocantábrico) e Italia (Montedison) provocó un serio malestar entre las autoridades nacionales que asistían atónitas a la llegada de un predador público en los mercados que acababan de liberalizar. Francia, mientras tanto, mantenía, y mantiene, la titularidad pública de su monopolio energético y sólo permite la entrada de competidores hasta el límite (30% del mercado) estrictamente exigido por las directivas europeas.
Las reacciones unilaterales no se hicieron esperar y el Gobierno de José María Aznar adoptó una actitud defensiva tan pronto como vio los tentáculos de EDF cernirse, a través de la alemana EnBW, sobre Hidroeléctrica del Cantábrico.
El ministro de Economía, Rodrigo Rato, incluyó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2000 una píldora legal envenenada destinada a paralizar al gigante francés. Desde entonces, el Gobierno se reserva el derecho a limitar al 3% los derechos de voto de un inversor extranjero en el sector eléctrico español cuando en su accionariado cuente con capital público. Poco después, Italia adoptó un decreto similar ante el aterrizaje de EDF en el capital de la eléctrica Montedison.
La Comisión Europea advirtió inmediatamente que la ley española y el decreto italiano eran, a primera vista, contrarios al Derecho comunitario sobre la libertad de movimiento de capitales. Bruselas recordaba que el Tratado de la UE no distingue entre capital público y privado y reconoce los mismos derechos a ambos.
El Departamento de Mercado Interior, que dirige el comisario europeo Frits Bolkestein, acaba de concluir el análisis jurídico sobre las dos normas y planteará en los próximos días la apertura de un expediente contra España e Italia. Se trata de la primera fase de un procedimiento sancionador que, en última instancia, puede dar lugar a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas dará de momento dos meses a Madrid y Roma para que modifiquen su legislación.
La apertura del expediente a España ni siquiera contará con la oposición de la comisaria de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, según fuentes de la Comisión. De Palacio discrepó abiertamente el año pasado sobre la actitud intransigente de la CE respecto a las medidas proteccionistas de algunos Estados. El Tribunal de la UE refrendó esta posición el pasado 4 de junio al prohibir las acciones de oro que Francia y Portugal se habían reservado en varias empresas públicas una vez privatizadas.
Pero quizá lo que haya acabado con la beligerancia de De Palacio sea la intención de Bruselas de atacar el estatus público de EDF. El departamento de Competencia estudia abrir un expediente contra los privilegios que EDF disfruta por su condición de empresa pública. El Estado francés garantiza, por ejemplo, que las empresas públicas no pueden quebrar.