Los afectados por el 'decretazo' no serán compensados
El Gobierno dejó claro ayer que no piensa compensar a quienes se han visto afectados por los cuatro meses de vigencia del decretazo. Según el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, no habrá medidas compensatorias retroactivas porque no se ha producido 'ningún tipo de perjuicio ni violación de derechos'.
Un dictamen que contrasta con la valoración hecha por los sindicatos, que aseguran que sólo entre junio y agosto se han contabilizado 85.829 despidos improcedentes en los que el trabajador ha perdido los salarios de tramitación. A éstos habrá que sumar, entre otros, los despedidos de forma improcedente mayores de 52 años que no han tenido acceso al subsidio porque se les ha computado la indemnización como renta.
Si bien, preguntado por qué el Gobierno no hizo este 'ejercicio de flexibilidad' antes del 20-J, con lo que se habría ahorrado una huelga general, Zaplana admitió: 'Los momentos en la vida son distintos. Y yo me he podido beneficiar de ellos. En aquella etapa pudo haber algún fallo del Gobierno, aunque yo no lo reconozco, pero también la posición de los sindicatos era distinta'.
Inseguridad jurídica
Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, también señaló ayer que los cambios que se introduzcan en el decreto-ley no tendrán carácter retroactivo. Según Rato, con ello se pretende evitar 'inseguridad jurídica' en las decisiones de los agentes sociales.
'Las leyes tienen efectos cuando están en vigor, y si ahora el Parlamento introduce modificaciones, entrarán en vigor a la fecha de su publicación', señaló. Cualquier otra opción 'introduciría altos grados de inseguridad jurídica, muy inconvenientes, entre otras cosas, para el empleo'.
En este sentido, recordó que las reformas laborales de las últimas legislaturas se han aprobado por decreto-ley para que los efectos de la reforma entraran en vigor 'inmediatamente' y no introdujeran 'incertidumbre jurídica' en las decisiones de los agentes económicos.