La hora de la contrarreforma
El Gobierno comunicará hoy a los sindicatos y a la patronal los cambios en el real decreto de reforma del sistema de protección por desempleo, tal como anunciaron la semana pasada el vicepresidente Rodrigo Rato y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Si es como se ha adelantado, aunque el Ejecutivo se refiere a ellos como simples cambios técnicos, estaríamos ante una reforma de la reforma, una auténtica contrarreforma del decretazo. Los sindicatos y la patronal, en una primera lectura de las propuestas del titular de Trabajo, consideran que se trata de una marcha atrás en toda regla respecto a las intenciones plasmadas en la norma en la primavera pasada. No habrá, salvo casos marginales, quebranto en los salarios de tramitación ni en los montantes de indemnización; no habrá recorte de prestaciones a los fijos discontinuos a llamada cierta; no habrá incompatibilidad entre indemnizaciones y subsidios permanentes para mayores de 52 años; no habrá obligatoriedad de disfrutar vacaciones pendientes para percibir la prestación; no habrá que justificar largos desplazamientos para poder rechazar una oferta de empleo, etcétera.
El interrogante a despejar es por qué el Gobierno accede ahora a esta contrarreforma. Han circulado razones políticas generales, como la pérdida de respaldo electoral reflejado por las encuestas; razones políticas particulares, como una entente Rato-Zaplana para ganar terreno de cara al relevo de Aznar; razones de ineficiencia de la reforma, por la incapacidad del Inem para gestionarla; y, por último, la necesidad de rescatar a cualquier precio la concertación social para que no se vaya de las manos la moderación salarial, más necesaria que nunca en una economía en desaceleración.
Aunque esta última razón parece la más lógica, también pesan en la decisión los grandes problemas que la Administración laboral ha encontrado para aplicar la reforma laboral, sobre todo teniendo en cuenta que el Inem está estrangulado desde que las políticas activas de empleo (búsqueda de ocupación a los parados) están transferidas a las comunidades y las pasivas (reconocimiento y pago de prestaciones) siguen en manos estatales en virtud del principio de la caja única de la Seguridad Social. Al margen de la rentabilidad económica de la reforma para el Estado y de las dudas sobre el verdadero ahorro sobre la contratación futura que puede tener la eliminación de los salarios de tramitación, en tres meses poco más de un centenar de parados han sido sancionados por rechazar ofertas de empleo, mientras que el tiempo de espera para cobrar una prestación casi se ha duplicado.
Con tan pírricos dividendos y con el perjuicio para las empresas de la conflictividad laboral generada, la contrarreforma surge como instrumento para preservar el crecimiento económico y el empleo. Los datos de afiliación a Seguridad Social y paro registrado no dan precisamente señales de bonanza. En este panorama de crisis, las reformas laborales anunciadas por el Gobierno, parecen destinadas a permanecer en el cajón.